Por un entorno digital seguro

Es un paso más que significativo para intentar atajar un intrincado problema. Entre otras medidas, la ley obligará a los fabricantes a introducir sistemas efectivos de control parental en sus productos. Y tipificará delitos o los agravará por el uso de la IA, de engaños, señuelos o de incentivos en busca de la adicción de los menores. Pero si alguna responsabilidad ha de asumir a partir de ahora el legislador es el de la celeridad en su tramitación. La protección de los menores en el universo digital no permite dilaciones entre su anuncio y la aprobación definitiva de la nueva ley. Todo lo contrario, aún evitando precipitaciones en cuanto al desarrollo reglamentario de la norma, es imprescindible que los poderes públicos jueguen también con el factor sorpresa con el que cuentan a la hora de aplicarla.

Ni los grupos parlamentarios pueden rehuir el consenso que merece la iniciativa, ni las administraciones concernidas tendrán motivos para no esmerarse en su pronta puesta en marcha. Aunque junto al impulso institucional requerido resulta ineludible el compromiso activo de las familias, de las comunidades educativas, de los propios menores y de cuantos adultos asiduos al entorno digital, especialmente si es su ámbito profesional, puedan colaborar en el logro de los fines que persigue la nueva ley.

Entre ellos, el dictado de órdenes de alejamiento virtual, la persecución de la vejación de menores mediante herramientas tecnológicas, la detección de mayores haciéndose pasar por adolescentes, la posibilidad de proceder a evaluaciones pediátricas que detecten usos nocivos de lo digital y la propia formación y alfabetización. Desafíos que requerirán el concurso de la sociedad entera para garantizar que el menor, sea en grupo o en la soledad de su habitación, siempre esté a salvo.