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La aguda polarización instalada en el país y el singular protagonismo adquirido por los tribunales a raíz del 'procés' con decisiones que afectan de lleno ... a las relaciones partidistas han convertido la Justicia en un indeseable terreno de confrontación política. El público cuestionamiento de su independencia, no ya solo por parte de grupos antisistema o minoritarios, sino cuando adopta decisiones que no son de su agrado por las formaciones que se han relevado al frente del Gobierno en las cuatro últimas décadas, socava el prestigio social de un pilar básico del Estado de Derecho. La separación de poderes, otro de los fundamentos de una democracia, se ve también en entredicho ante el impúdico afán de esas mismas fuerzas por controlar los resortes judiciales que pueden estar a su alcance. Todo ello favorece el descrédito de las instituciones y alimenta a los populismos extremistas, algo que no ignoran quienes incurren en tales prácticas, que aún así se inclinan por primar sus propios intereses a corto plazo.
El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar un Consejo General del Poder Judicial que había agotado su mandato hace cinco años y medio acaba con una inadmisible anomalía. Debería poner fin, además, a una insana dinámica de politización del CGPJ -del que depende la elección de los magistrados del Supremo y los presidentes de los tribunales superiores-, extendida a la composición del Constitucional. Si en algo han coincidido en el pasado reciente ambos partidos, los únicos que suman la mayoría necesaria para aprobar esos nombramientos en las Cortes Generales, es en su deseo de colonizar los órganos claves de la Justicia al inclinarse por perfiles en los que la solvencia profesional y el rigor pesan menos que la obediencia y el alineamiento ideológico. Están cargadas de razón algunas críticas en ese sentido de los populares a Pedro Sánchez, pero ellos han incurrido en errores similares e incluso llegaron al escándalo de colocar a un militante en activo al frente de la corte de garantías.
Los socialistas y el PP han pactado medidas para evitar esa politización. La sinceridad de tal propósito habrá de ser contrastada con su proceder y con la reforma legal a la que se han comprometido, que debería blindar una independencia de la Justicia que es imprescindible para construir una democracia más sólida en la que confiar. De momento, el reparto de cromos en el nuevo CGPJ no ofrece grandes avances.
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