Desencuentro enconado

La Constitución y las bases legales de la UE sitúan a nuestro país en el ámbito de la libertad de empresa, al tiempo que el Estado social se basa en el diálogo entre las partes. Al Ejecutivo corresponde orientar, junto al resto de las administraciones y bajo mandato parlamentario, la recaudación y el empleo de los fondos públicos. Pero no conviene que su intervención tensione el mercado. España ofrece la seguridad jurídica precisa y homologable a los países de nuestro entorno, un marco de garantías que contempla la eventualidad de recurrir a los tribunales ante medidas que se consideren lesivas. Es necesario que el Ejecutivo y las empresas mejoren su relación antes de que acabe la legislatura.