Defensor de todos

El informe anual de la oficina que dirige Manu Lezertua constituye un buen espejo de los elementos de mejora que tienen los servicios prestados por las instituciones de Euskadi. Aunque el número de quejas sobre Osakidetza ha descendido un 15%, el documento hace hincapié en el notable tensionamiento tanto de la atención primaria como de la especializada por la falta de médicos, y emplaza al Gobierno vasco a proveer «los medios materiales y humanos necesarios que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la salud». El Ararteko apunta en un tono crítico que la pandemia no está en el origen del innegable deterioro asistencial que sufre la sanidad pública, sino que agravó «una situación precedente» ya deteriorada por errores de planificación a distintos niveles. El fuerte aumento de las protestas relacionadas con la enseñanza es consecuencia del sistema de reserva de plazas para alumnos vulnerables, aplicado con «cierta falta de previsión» y que en algunos casos ha condicionado la libre elección de centro. La gestión de la RGI por parte de Lanbide y la imposición de la cita previa en varias administraciones también son objeto de numerosas quejas.

El balance del Defensor del Pueblo es un incisivo contrapunto a la autocomplacencia que suele caracterizar a las instituciones, sea cual sea su color político. El informe destaca el notable descenso de las reticencias a colaborar por parte de los diversos organismos públicos, que están obligados a facilitar al Ararteko la información que les requiera. Un signo de normalidad que ha de redundar en unas prestaciones de mayor calidad para la ciudadanía.