Pedro Sánchez afronta el debate de investidura, al igual que su partido y sus aliados, con plenas garantías de que saldrá reelegido mañana por el ... Congreso de los Diputados gracias a la apurada mayoría que le brinda el apoyo de los independentistas. Todo lo demás es pura incertidumbre. Empezando por una amnistía cuya «impecable» proposición de ley se vio obligado a presentar el PSOE en solitario porque ERC se negó a sumarse a una foto de grupo y cuya constitucionalidad y eventual alcance están en el aire. Junts estima que afectará a 1.400 encausados por el 'procés', mientras el Gobierno rebaja la cifra a 400. Y siguiendo por las posibilidades de desarrollar su programa que tendrá un Ejecutivo a expensas de Carles Puigdemont y de su permanente pulso con Esquerra en medio de un clima de crispación extrema que es preciso rebajar cuanto antes.
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El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, había sorteado la inquietud sobre la amnistía mostrada por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, alegando que la propuesta estaba en manos de los grupos parlamentarios. Sin embargo, ayer le envió una carta y otra a la vicepresidenta de Transparencia, Vera Jourová, solicitando una reunión para aclarar los extremos de una iniciativa que todavía no ha sido tratada por la Mesa del Congreso. Es lógico que un Poder Ejecutivo dirigido por el secretario general del PSOE acabe estando presente a través de algunos de sus miembros en la dirección socialista o viceversa. Pero el solapamiento diario entre la institución y el partido es indicativo de las dudas de fondo que les atenazan. Especialmente respecto al borrado de los delitos por el 'procés', que defienden a la contra respondiendo a las manifestaciones del PP que más chirrían en el debate público o denunciando actos y consignas ultras. Como si la mera existencia de estos validara la medida de gracia, presentada como puerta ineludible de paso a la continuidad del Gobierno «de progreso».
El PP esgrimió ayer su mayoría absoluta en el Senado para reformar por vía de urgencia su reglamento a fin de dilatar la tramitación de esa iniciativa y de otras relevantes que rechace. Una fórmula de filibusterismo que no forma parte de la mejor tradición parlamentaria, cuya legalidad será decidida por el Tribunal Constitucional -ante el que el PSOE ha anunciado un recurso- y que es un anticipo del barro en el que previsiblemente se desarrollará la legislatura.
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