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Tras haber despreciado en su día por irrelevante la masiva fuga de empresas por el 'procés', los independentistas catalanes pretenden forzar ahora su regreso. La confirmación de que Caixabank mantendrá su sede en Valencia porque es «lo mejor» para su negocio y clientes les propina ... un severo varapalo, tiene un alto valor simbólico y, dado el peso de la entidad en el tejido económico, marca el paso a otras grandes compañías. El 'no' se produce después de que Junts presionara al Gobierno para sancionar a las que no dieran ese paso, una flagrante vulneración de la libertad de capitales que no podía prosperar y no lo hizo. Sí arrancó, en cambio, la promesa de una reforma legal para facilitar la vuelta -se supone que mediante incentivos-, cuyos efectos son dudosos y que supone el reconocimiento implícito de que las huidas, ya fuesen por inseguridad jurídica o por temor a una pérdida de clientes en el resto de España, erosionaron la causa secesionista. El independentismo debería saber que la mejor fórmula para recuperar a las empresas fugadas es abandonar aventurerismos estériles a la vez que divisivos y garantizar un horizonte de estabilidad desde el más escrupuloso respeto a la legalidad.
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