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El Consejo de Ministros aprobó ayer, en su última cita del año, la prórroga parcial de las medidas anticrisis que han cubierto 2023 frente a los efectos económicos y energéticos de la guerra de Putin, después de la pandemia. Continuarán las ayudas al transporte. Se ... mantendrá otros seis meses la supresión del IVA en los alimentos básicos y su reducción al 5% para el aceite y la pasta. El IVA de la luz pasa del 5% actual al 10% por todo un año. Aunque en el caso del gas ese 10% se aplicará en el primer trimestre y volverá al 21% el 31 de marzo. Se prorrogará también el contrato de relevo.
En el capítulo de los ingresos del Estado, se mantendrán el impuesto a la banca y el gravamen a las grandes fortunas por parte de la Administración central mientras las autonomías no lo impidan. Se extiende a 2024 el impuesto especial sobre la facturación de las energéticas y volverán las cargas fiscales sobre el sector. La bajada de los precios de la energía y el mantenimiento al alza de los productos de alimentación explican en gran medida el cuadro resultante de la reunión del Gobierno. España no está hoy en situación de atender los requerimientos que deriven del restablecimiento de la disciplina comunitaria en materia fiscal, cuando ni siquiera puede cumplir los compromisos rebajados de déficit.
Las resoluciones parecen sonar bien a oídos de un público receptivo al doble mensaje de ayudas durante más tiempo y más recaudación. Pero basta observar las resoluciones para concluir que se adoptan demasiado a bulto. Algo inevitable cuando la urgencia era contener la crisis y sus consecuencias. Pero 2023 ha permitido al Gobierno estudiar, con mayor sosiego, el impacto real de las medidas en vigor como para adoptar aquellas que benefician realmente a los más vulnerables y al conjunto del país. Sin embargo, los enunciados del cuadro descrito se basan en supuestos que convertirían tanto la prórroga exacta o corregida de unas medidas como la implantación de otras en una suerte de acto de justicia. A ello contribuye la escenificación de las diferencias entre la parte socialista del Gobierno y la de Sumar, junto a iniciativas presentadas como concesión a determinados aliados, cual si todas las necesidades de los ciudadanos estuviesen presentes en el Consejo de Ministros y sus aledaños. El Ejecutivo puede así prescindir del resto porque, como volvió a manifestar el presidente, «los insultos» impiden otro entendimiento.
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