Caso archivado

La decisión merece el máximo respeto, como todas las que emanan de la Justicia. Pero la exoneración de los encausados, en los que siempre ha de prevalecer la presunción de inocencia, no significa que aquella oferta pública de empleo fuera un modelo a seguir. De hecho, a la vista de los resquicios que presentaba, Osakidetza introdujo significativos cambios en el sistema para dotarlo de mayores garantías de objetividad y transparencia. Las investigaciones iniciadas hace seis años han estado en manos de hasta cuatro juezas y se han desarrollado a trompicones y con una exhaustividad cuestionable, lo que en poco ha favorecido su avance. Al final han dado por bueno que hubiera una gran diferencia de notas entre los aprobados y los suspendidos. Que el número de los primeros coincidiera en algunas pruebas con el de las plazas en litigio. Que en los tribunales calificadores y entre los autores de los cuestionarios hubiese compañeros de hospital de los opositores más brillantes que se presentaban a esos mismos exámenes. Y que las respuestas de estos últimos fuesen en múltiples casos idénticas, incluidos los errores.

La última instructora atribuye a «celos profesionales» o a la «competencia» interna las dudas sobre la OPE lanzadas por algunos facultativos. El hecho de que, según el auto, no hubiese fraude constituye un aldabonazo para la imagen del Gobierno vasco, pero no significa la inexistencia de factores que alimentaban tal sospecha. Si algo bueno deja el escándalo es que cometerlo ahora sería mucho más complicado.