El acto solemne de apertura del Año Judicial, presidido por el rey Felipe VI, trasladó ayer un mensaje de normalidad que se echó en falta durante cinco ejercicios de interinidad en el Consejo General del Poder Judicial. Su reciente renovación, culminada la víspera con la ... elección de su presidenta, que lo es también del Tribunal Supremo, concedió al momento una especial trascendencia. Isabel Perelló recordó que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico»; una advertencia con la que pareció anunciar un compromiso activo en defensa de su independencia -cuestionada desde diversos frentes- y que invita a pensar que la de cada uno de los componentes del Supremo primará respecto a las resoluciones que indefectiblemente deban adoptar sus máximos responsables. Además, tendrá ante sí el delicado reto de preservar el papel del Alto Tribunal frente a eventuales incursiones del Constitucional actuando cual si fuese una instancia judicial, una tarea para la que aporta un conocimiento directo de las funciones que ha de desempeñar la corte de garantías.
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