Acuerdo de justicia

El primer pacto de Estado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los populares incluye razonables cesiones mutuas ya manejadas en anteriores intentos frustrados y cuya dimensión, siendo relevante, no justifica el intolerable bloqueo durante cinco años del órgano de gobierno de la Judicatura, sometido a un manoseo partidista que por elevación afecta al prestigio de la Justicia. El PP no puede eludir su responsabilidad en el flagrante incumplimiento de un mandato constitucional al haber intentando prolongar con excusas de toda índole su mayoría en el Consejo, mientras los socialistas han amagado con tretas de dudosa legalidad para hacerse con su control. El entendimiento se ha producido apenas cinco días antes de que venciera un ultimátum de La Moncloa para despojar al CGPJ de sus facultades para nombrar a los magistrados del Supremo.

La proposición de ley anunciada establece criterios de independencia e idoneidad más estrictos que los actuales para formar parte del CGPJ -se han estrenado para la elección de los nuevos vocales-, lo que resulta bienvenido, así como los límites para el regreso a la carrera judicial de los jueces y fiscales que entren en política. Su tramitación en el Congreso será simultánea a la elección de los nuevos integrantes del Consejo. En Bruselas se demostró que lo deseable es también posible: que el partido en el Gobierno y el primer grupo de la oposición se vean concernidos por la política de Estado. Ahora deberán confirmar la solidez de su empeño sin que, una vez designados los nuevos componentes del órgano de gobierno del Poder Judicial, surjan diferencias en cuanto a la reforma de su ley orgánica.