Acogida común

En la primera mitad del año, más de medio millón de personas solicitaron asilo a alguno de los Veintisiete. Y los arribados de manera irregular podrían estimarse en 150.000. Parece imprescindible que el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos compartan la redacción del reglamento que se está elaborando antes de que la proximidad de las elecciones a la Cámara de Estrasburgo, previstas para junio de 2024, dificulte aún más la requerida anuencia general. Un consenso que se complicaría muchísimo si a partir de ese mes Polonia primero y Hungría después se hacen cargo de la presidencia de turno del Consejo de la UE desde posiciones contrarias a que haya una política común que obligue a cada uno de los socios.

Cuando la presión migratoria está elevando de nuevo este desafío en el ranking de las preocupaciones ciudadanas al pasar la inmigración de considerarse una oportunidad solidaria a ser percibida como un problema para la convivencia, esa política común tendrá tintes restrictivos o preventivos. Pero su existencia es un valor en sí mismo. Siempre dará lugar a una Europa más de acogida que la que resultaría de veintisiete políticas diferentes en una escala creciente de recelos. Y el Pacto de Migración y Asilo permitiría que, a pesar de que en momentos como este la balanza de la Unión se incline hacia atavismos reactivos, Europa mantenga un rumbo decidido a incluir en su seno a personas procedentes de otros continentes. Las cuotas obligatorias de reparto de refugiados pueden resultar tan incómodas para algunos países como para sus hipotéticos beneficiarios. Pero la solidaridad a la carta que previeron ayer los ministros de Interior de manera excesivamente salomónica debiera parecerse más a un compromiso cerrado.