La pandemia ha demostrado la importancia de contar con unos servicios públicos bien dotados, lo que requiere disponer de los recursos suficientes para financiar una sanidad y una educación de calidad -esas dos áreas absorben la mayor parte del gasto de las instituciones vascas-, además ... de otras prestaciones destinadas a mejorar el bienestar de la ciudadanía. De ahí que el pago de impuestos conforme a lo establecido por la normativa vigente constituya una obligación cuyo incumplimiento afecta no solo a la Administración tributaria, sino al conjunto de la sociedad. Las haciendas forales publicaron ayer las listas de los morosos con deudas superiores a un millón de euros, un ejercicio de transparencia que pretende disuadir a los defraudadores mediante el oprobio que supone la difusión de su nombre. La relación está compuesta por 242 contribuyentes en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, que suman 850 millones de euros pendientes de abono. Esa cifra se aproxima al presupuesto del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, incluida la RGI.

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El hecho de que en la mayoría de los casos se trate de empresas en proceso de liquidación o ya desaparecidas, cuya presencia en el listado se repite un año tras otro, debería ser objeto de reflexión. Tal circunstancia invita a cuestionar la eficacia de la iniciativa en sus actuales términos y a plantearse la conveniencia de rebajar el importe a partir del cual se hace pública la identidad de los morosos, lo que pondría sobre aviso a los proveedores y clientes de las compañías en situación crítica o que se caracterizan por ese insolidario comportamiento. Además, revela las serias dificultades a las que se enfrentan las diputaciones para recaudar esa elevada cantidad.

Aunque Euskadi ha avanzado en los últimos años en la lucha contra el fraude, las haciendas forales deben intensificar sus esfuerzos en ese terreno tanto por razones económicas como de ética y justicia a fin de garantizar que cada contribuyente satisface los impuestos que efectivamente le corresponden. La necesaria flexibilidad para que quienes se encuentren en circunstancias excepcionales aplacen sus responsabilidades fiscales no puede ser confundida con el uso sistemático del impago de tributos como ventaja respecto a los competidores que sí cumplen la ley. Hacienda somos todos, por lo que todos tenemos derecho a conocer quiénes protagonizan comportamientos inadmisibles y a exigir su corrección.

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