Resulta inadmisible que el Consejo General del Poder Judicial lleve tres años y medio con el mandato prorrogado por el bloqueo del PP. Esa anomalía institucional se extiende desde ayer al Tribunal Constitucional, que tiene pendiente el relevo de cuatro de sus doce magistrados en ... un proceso que alteraría los actuales equilibrios al otorgar la mayoría al sector progresista. Corresponde al Gobierno proponer a dos de esos vocales y al CGPJ a los otros dos, pero una reciente reforma legal impide a este último aprobar nombramientos mientras esté en funciones, lo que se vuelve ahora contra los intereses de La Moncloa. Desde el punto de vista jurídico es muy cuestionable una renovación como la que ha insinuado el Ejecutivo que solo afecte a los dos vocales que él designa, ya que la Constitución establece que se realizará «por tercios». No lo es, en cambio, la necesidad de preservar la credibilidad y el prestigio de los órganos constitucionales. Ello obliga a los dos principales partidos a no caer en la perversa tentación de politizarlos, lo que pasa por eludir la imagen de una 'invasión' con personas afines en vez de con profesionales acreditados y de probada independencia.
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