El partido gobernante en Nicaragua, el Sandinista -heredero teórico del Frente Sandinista que derrocó en 1979 la dictadura de los Somoza que duraba desde 1934-, acaba de inscribir como sus candidatos a la presidencia y la vicepresidencia del país a los actuales mandatarios, Daniel Ortega ... y su esposa, Rosario Murillo. Las elecciones se celebrarán el 7 de noviembre y ya se han cometido innumerables irregularidades para asegurar la victoria de Ortega. Tras un primer quinquenio presidencial entre enero de 1985 y abril de 1990 y un cuatrienio en el que fue coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción, el mandatario perdió ante Violeta Chamorro en 1990. Derrotado nuevamente en 1996 y 2001, ganó finalmente los comicios de noviembre de 2006, y desde entonces ha sido reelegido en 2011 y 2016. Lleva, por tanto, quince años ininterrumpidos en el poder. Ahora se presenta por cuarta vez consecutiva, después de una legislatura marcada por una dura represión a cargo de una ley antiterrorista utilizada para laminar a la disidencia política, y bajo la cual ha habido centenares de víctimas.
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Ortega ha ido incrementando su arbitrariedad autoritaria hasta extremos comparables con los abusos de la época somocista, y prueba de ello es que, ante la perspectiva electoral, hasta 31 líderes opositores han sido detenidos y encarcelados entre abril y junio pasados; entre ellos, los siete candidatos presidenciales que más posibilidades tenían de aventajar al dictador, que acumula un historial macabro de violaciones de los derechos humanos. Así, Ortega ha expulsado de la competición electoral a Cristiana Chamorro, hija de Violeta, la precandidata con más opciones según apuntaban las encuestas.
Gran parte de las figuras veteranas del Frente Sandinista censuran ya la deriva de Ortega, émulo paradójico del somocismo que constituyó la gran lacra para el pueblo nicaragüense. Asimismo, las organizaciones internacionales humanitarias, Estados Unidos y la Unión Europea condenan e imponen sanciones a la familia presidencial y sus colaboradores en medio de la indiferencia de una oligarquía dominante que acusa de injerencia a quienes la cuestionan. La comunidad internacional, y en especial España, que mantiene con Nicaragua vínculos fraternos, ha de ejercer toda la presión posible para que regrese cuanto antes la libertad a este pequeño país maltratado.
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