La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social lanzó hace una semana la propuesta de limitar el precio de alimentos y productos básicos, sin someterla a la consideración del Consejo de Ministros y sin que la materia sea competencia directa de ... su departamento. A la incomodidad mostrada por el titular de Agricultura, Luis Planas, y por la de Defensa, Margarita Robles, le siguió la disposición de la parte socialista del Gobierno a valorar la iniciativa en tanto que obedecería a una demanda ciudadana que se incrementa con la inflación. La reunión que Díaz mantuvo el jueves, junto con el titular de Consumo, Alberto Garzón, con una de las grandes distribuidoras pareció dar verosimilitud a la eventualidad de poner tope el precio de la cesta de la compra. Al tiempo que generaba reacciones contrarias tanto en el comercio minorista como, de nuevo, por parte de las y los demás titulares de carteras económicas en el Ejecutivo. Puede que resulte inevitable y hasta legítimo que distintos socios de un Gabinete de coalición expongan ideas y propuestas unilateralmente. Pero menos cabida tiene que desde las instituciones se anuncien medidas de dudoso encaje legal, de aún más complicada viabilidad y cuyos efectos adversos parecen evidentes, generando expectativas condenadas a la frustración a cuenta de una pugna ideológica.
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Yolanda Díaz fue variando su discurso hacia una salida dialogada para atenuar la escalada de precios. Pero la cadena de distribución de los productos que forman parte de la cesta básica de los hogares es tan alargada y está participada por tantos y tan diversos actores que la economía de libre mercado no da pie a un acuerdo omnicomprensivo. No es casual que las ofertas de contención de precios se refieran a productos de marca blanca y tengan que dejar de lado los frescos. Del mismo modo que tienden a promocionar la parte menos saludable de la carta comercial. A las dificultades de hacer realidad la contención de precios por iniciativa institucional se suman los efectos que un hipotético control sobre los mismos tendría en el sector primario, en la transición ecológica y en la mejora de la dieta precisamente en los hogares que atraviesan mayores dificultades por la carestía de la vida. Aspectos todos ellos que el Gobierno ha de abordar de materia unitaria, en diálogo con los grupos parlamentarios, sin convertirse él mismo en un foro propicio a la pugna partidista.
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