Una caricatura del Estado

El hecho de que entre los investigados por el CNI figure Pere Aragonès, presidente de la Generalitat y principal socio de Pedro Sánchez, otorga una incuestionable carga política a la operación y hace difícil imaginar que La Moncloa la ignorara. Pero la inconveniencia para el líder socialista de que haya salido a la luz no pone en duda su legalidad, aunque la relevancia del asunto justificaría una explicación pública compatible con la necesaria reserva en la labor de los servicios secretos. Mezclar actuaciones amparadas por la ley con supuestos espionajes indiscriminados atribuidos sin pruebas a «las cloacas» no es gratuito: forma parte de una estrategia de desprestigio del Estado, al que se presenta con resabios autoritarios heredados de la dictadura para socavar sus cimientos. Esa zafia caricatura de una España negra es obra de los aliados de Sánchez, quien parece más interesado en asegurarse sus votos que en defender el prestigio de las instituciones.

La calidad de nuestra democracia no le exime de fallas que sería preciso corregir. La labor del CNI, que en el pasado protagonizó bochornosos escándalos, es susceptible de una sustancial mejora. Y pueden resultar pertinentes tanto medidas adicionales de control de sus actuaciones como una investigación sobre Pegasus. Pero sostener sin base, como hace el independentismo, que el Estado espía a adversarios políticos merecería una respuesta de los poderes públicos aunque solo fuese para tranquilizar a la sociedad.