Archivo en falso

El archivo de la investigación de la Fiscalía sobre la tragedia en la valla de Melilla tiene consecuencias jurídicas y políticas. El carpetazo exonera de un eventual delito de homicidio imprudente a los uniformados españoles que intentaron el 24 de junio frenar el salto de ... cientos de subsaharianos en el que murieron al menos 23 inmigrantes, más de 70 según varias ONG. Además, el informe alivia la presión sobre el ministro Fernando Grande-Marlaska al sostener que los hechos tuvieron lugar bajo jurisdicción marroquí, pese a las consideraciones técnicas del Catastro y las imágenes grabadas aquel día; que la Policía actuó de forma proporcionada, que no hubo elusión del deber de auxilio o que las 470 expulsiones exprés fueron legales. El ministerio público hace suya así la versión del Gobierno y difiere de la reprobación del Defensor del Pueblo. Pero se trata de un archivo en falso ante las lagunas que persisten -la principal, la cifra exacta de fallecidos-, de las que España no puede desentenderse como si todo hubiera sido fruto de la fatalidad. Máxime cuando la información oficial de la Fiscalía procede de Marruecos, más predispuesto a sepultar lo ocurrido que a aclarar el caso.