Ambiciosa reforma

El anteproyecto mejora la protección de determinados colectivos, refuerza los controles y aspira a agilizar la gestión de la RGI mediante un imprescindible salto en la digitalización de un Servicio Vasco de Empleo saturado por la burocracia asociada a esa prestación. Su carácter indefinido -no será preciso renovarla a los dos años-, el establecimiento de un nuevo sistema para fijar su cuantía y la supresión del límite de dos ayudas por domicilio son otras de las novedades. Uno de los grandes retos de la reforma consiste en el compromiso de habilitar un programa personalizado de inclusión laboral o social para cada perceptor, y de presentarle en el plazo de dos años una oferta de trabajo o formación acorde a sus características. Esta previsión intenta corregir un notable déficit del actual modelo: la escasa empleabilidad de sus beneficiarios. Un objetivo al que Lanbide podrá destinar más recursos gracias al desarrollo de cauces de relación virtual con sus usuarios. La puesta en marcha de una Unidad de Inspección, junto a otras medidas, debería reducir un fraude que, aunque mínimo, alienta un populismo que distorsiona la realidad de la RGI.

Aunque, tras el frustrado intento de la pasada legislatura, el Gobierno vasco goza de una mayoría absoluta que garantiza la aprobación de la ley, la relevancia de la reforma aconseja un acuerdo de amplio espectro en torno a un pilar de nuestro modelo de bienestar que, al garantizar la subsistencia de los más desfavorecidos, debería ser motivo de orgullo para toda la sociedad.