Acuerdo sin dilaciones

El bloqueo que mantienen los populares para la designación de los nuevos integrantes del CGPJ y la resistencia del PSOE a modificar la ley orgánica de 1985, devolviendo a los jueces la potestad de determinar su representación en el Consejo, encuentran una solución ineludible en las advertencias de la Unión Europea: que España proceda ya a la renovación del CGPJ según la norma vigente, para modificarla inmediatamente después con arreglo al criterio comunitario de que la mayoría del órgano lo elijan los propios jueces.

El último cambio normativo introducido a iniciativa del PSOE -para excepcionar la reforma de hace un año en el caso de los miembros del Constitucional que corresponde designar al CGPJ- corre el riesgo de dar lugar a una colisión institucional sin precedentes si la mayoría del órgano de gobierno de los jueces opta por dilatar su cumplimiento más allá del próximo 13 de septiembre. Un día que se convierte así en fecha límite para que entre en funcionamiento el Consejo renovado por vía parlamentaria, previo acuerdo entre socialistas y populares, que son los que suman la mayoría reforzada precisa para ello. Uno de los efectos más perniciosos de que se prolongue la liza entre los dos grandes partidos por el control del órgano de gobierno de los jueces, según la norma de 1985, es que induce y hasta promueve una polarización extrema en la interpretación siempre reduccionista de la dialéctica entre 'progresistas' y 'conservadores' en la carrera judicial. Polarización que resta estímulos a la asunción de responsabilidades en el Consejo por parte de los jueces e incluso al desempeño de una función sin la que la democracia deja de serlo.