Desprestigio institucional

La puesta en marcha de esa mesa de partidos catalanes para encauzar el conflicto de Catauña era consecuencia de la reunión celebrada entre los presidentes Sánchez y Torra el pasado 20 de diciembre en Barcelona. Se trata de una iniciativa muy discutible porque ya existe un foro para el diálogo entre las formaciones catalanas: el Parlament. Ninguna mesa puede reemplazar al Parlament. Es allí donde se debe debatir y votar cualquier tipo de propuesta política que se quiera plantear. El Legislativo de Cataluña debe recuperar la centralidad que le corresponde y el establecimiento de foros alternativos como el que nos ocupa no contribuye a ello. La decisión de incorporar a un relator a la citada mesa, hecha pública el miércoles, introdujo aún mayor confusión en torno a su sentido último. Nada de extraño tiene, por tanto, que la pretensión del Gobierno de Sánchez de relativizar la importancia y el valor de la imprecisa figura del relator no sirviera para calmar los ánimos.

La inclusión en la mesa de partidos catalanes de una tercera persona, supuestamente neutral y a la que se atribuye la función de dejar constancia de los temas abordados, de las deliberaciones y de los eventuales acuerdos a que pueda llegar, era absolutamente innecesaria. Y lo era porque esa mesa de partidos no es un órgano que adopte formalmente acuerdos con efectos jurídicos. Se trata de un órgano para el debate político y cada uno de los participantes habrá de dar cuenta de lo que se discuta. En definitiva, es un foro informal en el que no se requiere de la presencia de ningún notario o secretario que, desde una posición neutral, refleje el contenido de las discusiones.

Desde esta perspectiva, la designación de un relator tiene otro tipo de efectos, de carácter político y simbólico. Se pretendía revestir a la mesa de partidos catalanes de un carácter que le es impropio. Se trataba de presentarla como el escenario de una negociación entre dos partes enfrentadas, el Estado y Cataluña, en pie de igualdad. Se perseguía así escenificar una suerte de conflicto en el que sí que resultaría necesario designar a un tercero imparcial, cuyas funciones realmente no serían solo dar fe de lo debatido, sino sobre todo mediar entre las partes. En definitiva, el relator propuesto por los partidos separatistas es un eufemismo para designar a un supuesto mediador, preferiblemente internacional.

Por esa razón, el Gobierno nunca debió aceptar tal demanda. No hacen falta ni relatores, ni mediadores de ningún tipo. Las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo del pasado miércoles en el sentido de que el relator no es un mediador carecen de credibilidad y de sentido. Si no es un mediador, su función puede ser desempeñada por un funcionario, un secretario o -como irónicamente advirtió el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra- por una grabadora.

Por otro lado, esta incomprensible cesión a una demanda recurrente de los secesionistas se produjo a escasos días de que se voten las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. Ello explica que la oposición la haya presentado como una inaceptable contraprestación a un eventual apoyo de los partidos separatistas al proyecto de Cuentas públicas. Tras la rueda de prensa de la vicepresidenta, el viernes, quedó claro, por fortuna, que ya no va a haber más cesiones para lograr el respaldo al proyecto económico. Esto debería implicar el fin de la mesa de partidos acordada en diciembre. El gabinete de Pedro Sánchez debería dejarlo aún más claro.

Lo que en ningún caso resulta justificado es la convocatoria de manifestaciones en las calles para «echar al Gobierno». La oposición debe pedir explicaciones y exigir la celebración de un debate parlamentario sobre el desafío secesionista, con el objeto de alcanzar un gran acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas. La calle no puede reemplazar al Parlamento. Una cosa es el ejercicio legítimo del derecho de manifestación y otra la tan peligrosa como irresponsable apelación a una movilización callejera y popular contra el Ejecutivo.

En este confuso contexto político, hay que reivindicar el valor de las instituciones y de los procedimientos parlamentarios y democráticos. En Cataluña, resulta inexplicable que, ante el deterioro de la situación política, la principal fuerza de oposición, Ciudadanos, no haya presentado ya una moción de censura contra Quim Torra. De igual forma, en España, es en el Parlamento y no en la calle donde hay que exigir responsabilidades al presidente del Gobierno.