Defensas acusadoras

Pero, aun formando parte de los derechos de los acusados adoptar la estrategia de defensa que estimen, todo reproche hacia el procedimiento seguido que comporte un juicio de intenciones contra la actuación del Supremo se excedería de lo legítimo. Además, la acumulación de desacuerdos y quejas respecto a la misma no debería rebasar la línea de lo jurídicamente sostenible hasta convertirse en un alegato político que niegue la indiscutible naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho. Porque por cuestionable que resulte, por ejemplo, la prisión provisional que afecta a nueve de los doce acusados, esa decisión ha sido acordada conforme a la ley. El abogado Andreu Van den Eynde se refirió al perjuicio que para la presunción de inocencia suponían manifestaciones de responsables públicos en las que daban por sentada su condena. Una advertencia acertada: es inadmisible que representantes institucionales se pronuncien de manera tan impropia. Pero si se ha generado un cierto estado de opinión en ese sentido no son ajenas a ello las declaraciones de los propios acusados y de muchos de quienes dicen defender su inocencia. También la exigencia del independentismo al Gobierno de que procurase su absolución. Un estado de opinión que será alimentado por cuantas señales den acusados y defensas de estar mirando, en realidad, al horizonte remoto de Estrasburgo.