En defensa de nuestro autogobierno

La legitimidad democrática del Estatuto es plena e incuestionable. En el acuerdo aprobado por el Parlamento vasco en 1990 sobre la autodeterminación, con los votos de PNV, EA y EE, el punto tercero proclama: «Que el Estatuto de Autonomía, resultado de un pacto refrendado libremente por la ciudadanía vasca, constituye un punto de encuentro de su voluntad mayoritaria y el marco jurídico del que la sociedad vasca se dota en un determinado momento histórico, para acceder al autogobierno y regular la convivencia pacífica, representando en consecuencia la expresión legítima de la propia voluntad del pueblo vasco». ¡Cuánto se echa de menos una valoración de este tenor en el preámbulo de las bases acordadas entre PNV y Bildu, sobre la actualización del autogobierno, donde ni siquiera se menciona que fue aprobado en referéndum! Nunca fue una 'carta otorgada'.

Gracias al Estatuto los vascos de la comunidad autónoma nos constituimos por primera vez (salvo la cortísima vigencia del Estatuto de la República) en comunidad política; es decir, en un sujeto jurídico-político nuevo cuya definición se recoge en el artículo uno: «El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español…». Esto representa un hito histórico pues las identidades provinciales muy dominantes en los siglos XVIII y XIX van evolucionando en el discurso político hacia el establecimiento de un código de identidad vasca común a las provincias vascongadas. El Estatuto representa la materialización jurídica-política de esa transformación de las identidades provinciales en una identidad colectiva que las integra.

Nuestro autogobierno reúne plenamente el requisito de legitimidad democrática, al ser resultado de la voluntad popular, y el de legalidad, pues forma parte del ordenamiento jurídico por su naturaleza de ley orgánica. De ahí que el deber de su cumplimiento no es solo un imperativo legal sino también ético y democrático. En este sentido resulta inadmisible la actitud cicatera y rebelde que han tenido los distintos Gobiernos de España al resistirse a cumplir el pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto, convirtiendo esta ley orgánica en una mercancía para las transacciones políticas.

Sin cuestionar la legitimidad de quienes aspiran a mayores cotas de autogobierno o hasta un nuevo modelo de relación jurídica con el Estado, conviene, a mi juicio, dejar claras, por lo menos, tres cuestiones. La primera, que cualquier estrategia de profundización del autogobierno nunca debería plantearse como un ejercicio de ruptura y deslegitimación del autogobierno actual, sino como un proceso de reforma a través de los cauces legalmente establecidos. Segundo, que cualquier nuevo proyecto de autogobierno debe descansar en un gran pacto interno que represente sólidamente la pluralidad de la sociedad vasca. Tercero, que se ha de evitar cualquier estrategia que ponga en riesgo el autogobierno que disfrutamos, pues el peligro de la involución centralista es más real de lo que muchos aventureros piensan.