Decisión final

El suicidio como respetable decisión final. Terrible desenlace (aunque quizá todos lo son) de una vida cuando la adversidad resulta insuperable o lo es de un modo objetivo porque no hay esperanza posible. El Estado no puede ni debe hacer nada al respecto, tan solo respetar la decisión individual de quien decide irse del mundo. Sí es deber del Estado proporcionar a la ciudadanía, con sus medios y tutela, las mejores condiciones de vida posibles mediante criterios de justicia social y servicios suficientes y eficaces; evitar los suicidios por carencias subsanables. Otra cuestión, la que está en debate, es el deber público de dar soporte legal a quien ha decidido acabar con su vida y está tan desvencijado que no puede hacerlo sin ayuda, o ya lo decidió con previsión y expresó su voluntad antes de caer en esa situación de extrema dependencia. El reciente caso de Ángel Hernández ayudando a morir a María José Carrasco, su mujer, no puede resultar más elocuente al respecto, además de ser una conmovedora prueba de generosidad y amor profundo hasta las últimas consecuencias. También, de un compromiso para mostrar con su duro ejemplo la necesidad de una ley que regule la eutanasia.

En 2007 escribí una columna titulada 'Eutanasia'. Hace 12 años se decía que era un tema todavía peliagudo que carecía del suficiente calado social para llevarlo adelante. Creo que no era así ni entonces, pero en todo caso ahora sí es el momento. Y recordemos lo obvio a los detractores de una ley de eutanasia: será voluntaria y sin afán de proselitismo, a diferencia del que siempre quieren imponer los que velan a ultranza para garantizar el valle de lágrimas colectivo.