Decidir entre nuevo Estatuto o República

Es evidente que España hubiera podido responder con un «hablemos» en vez de pretender despachar un enorme reto en cuatro horas y con una rotunda negativa. También es evidente que la asunción de un marco de diálogo no hubiese conllevado el actual escenario en el que, tal como ya advertimos al presidente Rajoy, el Estado español ha tenido que contemplar el retorno de las figuras del preso político y del exiliado. Obviamente, cualquier respuesta que despreciase la vía del diálogo y optase por la represión anunciaba de forma inevitable el alcanzar la situación actual.

La sociedad catalana supo responder con un extraordinario ejercicio de desobediencia institucional y popular en forma de ejercicio del derecho a la autodeterminación el 1 de octubre de 2017. Y supo aguantar un embate represivo sin parangón por parte de un Estado en el marco de la UE. A saber: violencia policial contra la población indefensa, encarcelamiento de candidatos que figuraban en las listas de las elecciones del 21-D y el asedio a la economía catalana. Incluso se llegaron a alterar las reglas de juego de las sociedades de libre mercado tras la aprobación de un real decreto para fomentar la deslocalización de sedes empresariales sin el consentimiento de los accionistas. Un todo vale estéril para acabar con la mayoría republicana en el Parlament, dados los resultados electorales, e incapaz de frenar la crisis política entre Catalunya y España y aminorar la fractura emocional entre buena parte de la ciudadanía catalana y española. Al revés, se constata cómo el abismo que provocó la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 en relación al Estatut es y va siendo más profunda con las acusaciones de rebelión inspiradas por la venganza y la voluntad de escarmentar.

El republicanismo catalán apoyó sin complejo la moción de censura contra Rajoy, aun cuando el PSOE formó parte del triunvirato del 155, convencido de que un Gobierno socialista soportado por Podemos siempre podría mantener posiciones más dialogantes que un Ejecutivo del PP apoyado por Ciudadanos. Y los hechos demuestran que el Gobierno español ha acabado asumiendo públicamente dos obviedades políticas hasta ahora negadas:asumir que el actual Estatut no es el que se aprobó en referéndum y que la solución sólo puede provenir de las urnas.

En consecuencia, ni la actual autonomía está legitimada ni un nuevo Estatut puede legitimarse en la medida en que sólo puede satisfacer a la mitad de los catalanes que no se declaran independentistas. ¿Qué hacer, pues, con la mitad de los catalanes que sí lo son? ¿Excluirlos? ¿Acaso no es contradictorio que el presidente Sánchez gesticule afirmando que los catalanes deben dialogar entre ellos cuando su solución pasa por proponer un referéndum para que los catalanes sólo puedan decidir si desean la autonomía actual u otra mejorada? Es evidente que no cabe ninguna solución que no satisfaga a toda la ciudadanía catalana en su conjunto, lo cual comporta la necesidad de una única solución inevitable por democrática: un referéndum acordado y validado por la comunidad internacional al que se sienta llamado la inmensa mayoría de los catalanes para decidir entre autonomía o independencia.

Sólo cabe la vía de un diálogo que comporte una negociación «sin cortapisas», en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, lo cual obliga a las partes a aceptar todas y cada una de las realidades. Por una parte, el Estado debe asumir que la demanda catalana es magmática y creciente. En este sentido, desgraciadamente, el guión hegemónico en la derecha no es otro que la exacerbación del nacionalismo español y el convencimiento de que lo prioritario radica en comprar tiempo mediante creyendo que con represión los catalanes aparcaremos nuestras aspiraciones durante dos décadas. Y respecto a buena parte de la izquierda, lamentablemente, sólo se reflejan titubeantes síntomas de voluntad de encarar el problema al considerar el PSOE que los catalanes que defienden un encaje autonómico-federal tienen firmada una póliza con ellos a través de la cual nunca van a optar por posiciones independentistas.

Sin duda se trata de un planteamiento muy cuestionable en la medida en que los hechos demuestran la velocidad con que el soberanismo ha ampliado su suelo electoral –pasando de un 14% en los inicios del siglo al 48% actual– sino también porque a mayor intolerancia del Estado mejores condiciones se van a dar para que el independentismo alcance la victoria ideológica que representa la asociación democracia con republicanismo.

El independentismo debe asumir con rotundidad que, pese al éxito del 1-O, los gobiernos europeos tan solo han tomado nota de lo ocurrido en Catalunya. De igual manera que los partidos constitucionalistas deben admitir que, en aras de la misma viabilidad democrática de España, en el escenario actual ninguna respuesta puede asemejarse a la de 2014. Sólo cabe el diálogo, la negociación y el acuerdo para hacer posible la convocatoria de un referéndum en el que se diluciden las legítimas aspiraciones de todos los catalanes: las de los que defienden legítimamente la pertenencia a España y las de aquellos que han optado ya por la independencia.