El cortafuegos jeltzale

El matiz -el que diferencia la condena a una organización política de «actuaciones individuales»- es importante porque es precisamente el que permitió al PNV pasar de puntillas sobre el fallo de los ERE de Andalucía sin poner en tela de juicio sus acuerdos con el PSOE y el que le ha servido para construir un elaborado cortafuegos que minimice el incendio que podría desatar, este martes, la sentencia del 'caso de Miguel'. Un fallo que llega transcurrida ya una década desde que la Ertzaintza practicara las primeras detenciones.

Desde entonces, la estrategia de Sabin Etxea ha ido virando sutilmente desde los golpes de pecho al entender que se quebraban las «garantías procesales» con «filtraciones continuas» para «manchar el buen nombre» del PNV (Andoni Ortuzar, 15 de marzo de 2015) a poner distancia y evitar criticar a los jueces o hacer valoraciones hasta que se conozca la sentencia. Solo Joseba Egibar, puntal del ala soberanista del partido al que pertenecían los dirigentes juzgados, ha mantenido contra viento y marea su confianza en la inocencia de sus viejos amigos. Si la sentencia es condenatoria, su foto abrazando a 'Txitxo' cuando compareció ante el Parlamento vasco le perseguirá, sobre todo, a él.

Pero si algo sabe hacer el PNV, el oficial, es leer las coyunturas políticas, tomar el pulso a la sociedad y adelantarse. Y, lo mismo que se fue deslizando desde la universal percepción de fuerza de derechas a la sensibilidad «socialcristiana» que hoy representa Urkullu y a hacer bandera, por ejemplo, de la RGI, también se dio cuenta enseguida de que, o repudiaba a los exaltos cargos imputados, o la ola del mayor caso de corrupción investigado jamás en Euskadi (por volumen de sumario) podía llevárselo por delante. «Actuamos con celeridad y contundencia», remachan.

Si eso lo hizo el PNV hace diez años, cuando el hartazgo de los ciudadanos con su clase política no se había convertido aún en problema nacional, qué no será hoy. El fallo llega además en un momento dulce para el partido, gracias a la fórmula, de probado éxito, de combinar pragmatismo con unas gotas de soberanismo bien dosificado. El cortafuegos incluye subrayar que ni la sigla se ve afectada ni se ha podido probar que existiera una red clientelar como en los ERE. Se contrapone también el «quebranto» a las arcas públicas, que el partido cifra en 145.000 euros, con los 680 millones desviados en Andalucía. Aun así, una condena sería un torpedo a la línea de flotación del partido. Un lunar. Un mal trago. Ahora bien, cuando se hizo público el auto del juez, a dos meses de las municipales de 2015, el PNV ganó 33.000 votos. Lejos aún de las autonómicas, es más que dudoso que el fallo, sea el que sea, les pase factura.