Comparaciones odiosas o afinidades peligrosas

Refresquémosle la memoria: durante mucho tiempo líderes del PNV mantuvieron que el terror de ETA era debido a su carácter marxista y revolucionario, aunque más tarde y sin dar mayores explicaciones, afirmaron que ese terror era la manifestación del conflicto entre el pueblo vasco y el Estado, entre Euskadi y España, por lo que para acabar con el terror era preciso dar salida negociada al conflicto. De esta forma el terror de ETA quedó ligado indefectiblemente con el nacionalismo radical, con el proyecto político en cuyo nombre asesinaba ETA. La violencia era resultado de lo que el proyecto político pretendía: una Euskadi independiente y con revestimiento socialista.

Esto pone de manifiesto que el proyecto político en sí mismo conlleva una violencia profunda: violenta la realidad social desde el momento en que la parte nacionalista se erige en representación del conjunto de la sociedad para buscar así el cumplimiento de su sueño del que quedan excluidos todos los que no lo comparten, aunque sigan formando parte de la realidad social vasca. Es la violencia de la exclusión de una parte importante de la población a la que se le hurtan sus derechos civiles, se la considera extraña en su propia tierra, asimilada al enemigo exterior que es España y que hay que derrotar para alcanzar la independencia.

El señor Guardiola habla de seis millones de catalanes que se manifiestan, que votan en referéndums ilegales, sigue pensando en un único pueblo que quiere lo mismo que él, está cortando el cuerpo social catalán a la mitad de la población, su nacionalismo conlleva violencia de exclusión, su proyecto político posee un núcleo en el que la exclusión de los que no piensan como los nacionalistas radicales catalanes es requisito indispensable para alcanzar la meta propuesta: arrebatar a los que no son nacionalistas la posibilidad de mantener el vínculo que quieren mantener con su identidad de ciudadanos españoles.

Los críticos con ETA se dirigen a ella con la exigencia de que reconozcan el daño hecho. Pero los asesinados no resucitarán, ni sus familias verán borrado su sufrimiento. El verdadero daño, además de las muertes causadas y del sufrimiento impuesto, además del miedo y la angustia producidas en grupos concretos de personas, además del deterioro moral producido en buena parte de la sociedad vasca, es otro: el daño causado al mayor bien de la comunidad política, a la posibilidad de poder vivir siendo diferentes en libertad, al derecho fundamental de los ciudadanos, la libertad de conciencia y de identidad, a la libertad de sentimiento de pertenencia, es decir, el daño producido al Estado de Derecho.

Escribe José María Ruiz Soroa en su aportación al libro colectivo 'La bolsa y la vida': «Importa subrayar en este punto que esa consideración delictiva del terrorismo deriva precisamente de su propia naturaleza y finalidad públicas más allá de los males concretos que ocasione a las víctimas de los particulares actos terroristas que produzca. El bien jurídico primario protegido por la norma penal es la vigencia del Estado de Derecho en una sociedad democrática; las víctimas ocupan para el Derecho Penal una situación hasta cierto punto subsidiaria de esta consideración básica» (p. 228).

Me imagino que hoy en día nadie duda de que la negación de la igualdad de mujeres y varones implica violentar derechos humanos básicos. No hace tanto tiempo que en ámbitos marxistas se hablaba de la violencia estructural del Estado capitalista. La exclusión de una parte importante de la población en función de compartir o no un sentimiento nacionalista, un ideal nacionalista, la voluntad de materializar el ideal nacionalista radical implica igualmente una violentación de la realidad social, la negación de la libertad de conciencia, de identidad, de sentimiento de pertenencia de todos aquellos que no son nacionalistas, máxime cuando se busca la puesta en práctica de ese ideal fuera de los cauces legales y democráticos.

Es cierto que esta violencia no es la violencia requerida por el Derecho Penal a la hora de caracterizar determinados delitos, pero no por ello debe quedar fuera de la discusión pública, fuera del debate político. Máxime si sucede lo que ha sucedido en Cataluña a partir del mes de septiembre. Cuando la presidenta del Parlamento decide introducir en el orden del día dos proyectos de ley en contra de la opinión del secretario general de la Cámara, que se niega a firmar el orden del día, en contra de los juristas propios del Legislativo, con la opinión negativa del órgano propio de la Comunidad Autónoma Catalana que analiza la legalidad constitucional de las normas a aprobar por su Parlamento, y cuando, ante las críticas de la oposición recordando elementos de tanta importancia en la vida democrática, la portavoz de ERC, Marta Rovira, afirma que es igual, que ellos «están más allá del Estatuto de Autonomía y más allá de la Constitución española», colocan todas sus decisiones fuera de lo posible en el Estado de Derecho, atentan directamente contra el Estado de Derecho y se colocan en un espacio en el que solo vale la voluntad propia sin reglas que la controlen.

Hitler se hizo aprobar por el Parlamento alemán su Ermächtigungsgestez, su ley de apoderamiento, para, a partir de ese momento, hacer de su voluntad la única ley válida en su imperio. Fuera del Estatuto de Autonomía, fuera de la Constitución española, en Cataluña solo vale la voluntad de los que se creen mayoría, una voluntad sin ataduras y que anima a sus seguidores a actuar sin miramientos legales, haciendo solo lo que les dicta su voluntad. Puro despotismo.