Un proceso constituyente

Para rebasar los topes legales de recaudación fiscal en las autonomías y poner en marcha un modelo como el que se está sugiriendo desde el Gobierno a fin de que las comunidades puedan recaudar hasta el 100% de los impuestos, se precisa también una reforma legal de mucho calado. Hacerlo a partir de un decreto ley, sin contar con las Cortes, sería como abrir un proceso «desconstituyente» y, por tanto, ilegal. Además, la realidad económico-financiera de España evidencia que al 70% de los territorios no le saldrían las cuentas para financiar, con ese volumen de recaudación y sin ayuda del Estado, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales. A no ser que el nuevo Estado asimétrico establezca que los ciudadanos, en función de su residencia en una u otra región, tendrán derechos de primera, segunda o tercera.

Gobernar o mandar sin necesidad de pasar por el Legislativo no es ilegal; pero tomar decisiones que afecten a los principios constitucionales de igualdad y modelo de Estado, sin el aval del Congreso y del Senado, simplemente no es democrático. En un régimen de democracia representativa, no es viable mantenerse durante toda una legislatura sin contar con una mayoría suficiente para aprobar en las instituciones parlamentarias un paquete de textos legales que proyecte en la sociedad el programa del partido ganador de las elecciones o de la suma de los partidos de una coalición. Por tanto, la voluntad de Sánchez de agotar su mandato con o sin el apoyo del Poder Legislativo no es creíble.