Fraude de ley

Es infinita la literatura sobre la cuestión, y chocan las normas y las propuestas. El ministro Iceta se halla en un nuevo campo de minas donde le va a ser difícil caminar sin que algo le estalle bajo el pie. Existe en Euskadi una Asociación de Interinos de Educación en Fraude de Ley y en Madrid una Coordinadora de Funcionarios Públicos en Fraude de Ley. Todos quieren que les hagan fijos. Que sea el Estado el que incurra en fraude de ley es especialmente bochornoso. Es un enorme problema creado con gran perseverancia a lo largo del tiempo; una fastuosa, dañina bola de injusticia. Los trabajadores de las distintas administraciones son imprescindibles, y como se ha limitado la creación de plazas, gran parte del trabajo ha caído sobre los hombros de interinos y temporales, quienes han encadenado contratos durante periodos de tiempo inverosímiles.

Ahora el Tribunal Supremo ha tenido que modificar su propia doctrina después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya declarado que la jurisprudencia española es contraria al Derecho comunitario. Sin duda el ministro Iceta tiene un deseo ardiente de enmendar este grandísimo entuerto, pero si no quisiera, las perversas circunstancias le obligarían a hacer algo. Dicen desde su ministerio que, por obediencia a la Constitución, ese algo deben ser unas oposiciones (la experiencia en el puesto sería justamente valorada). Lo que dice la Constitución es que «la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad».

Mérito y capacidad tienen acreditados muchos de los actuales interinos, que además llevan varias oposiciones en su haber, y hasta tendrían plaza si hubiera habido más plazas. María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, propone crear las categorías de «personal estabilizado» y «fijos a extinguir» dentro de la próxima reforma legal. Esto permitiría cumplir rápidamente la ley europea, pero los caminos tortuosos, indirectos y las medias tintas pueden tener a veces un atractivo irresistible.