Dudas razonables

Se trata de la prohibición absoluta de desplazamiento entre comunidades autónomas -salvo las consabidas razones que puedan ampararse en fuerza mayor u obligación imperiosa-, que pesa sobre todos los españoles, mientras se permite en cambio que los extranjeros, al módico precio de una PCR que para algunos de ellos es gratis -verbigracia los franceses- se acerquen a cualquiera de nuestras ciudades con el solo objetivo de holgar y alternar tanto como les sea posible. Para ello no es óbice que provengan de países donde la incidencia acumulada duplica o triplica o incluso octuplica la del lugar español que los acoge, ni tampoco que esa incidencia derive de la presencia de cepas más peligrosas del virus en mayor proporción de la que se observa en estos momentos entre nuestros conciudadanos.

Rebobinemos y pongamos un ejemplo: un habitante del área metropolitana de París, Roma o Berlín, donde la situación no es boyante -y en Alemania los expertos avisan de curvas feas para la primavera- puede venir a mezclarse con nosotros en bares, terrazas, restaurantes, teatros, cines y tiendas, pero un habitante de Madrid, con la mitad de incidencia o menos, no puede ir a encerrarse en su casa de Segovia. O en la vacía casa de su pueblo de Cáceres. O en su apartamento de Alicante. Y lo dicho para el madrileño vale para los otros muchos ejemplos en los que un español puede querer hacer cosas inocuas -o mucho más inocuas que las que mueven a esos extranjeros- en otra comunidad autónoma. Ni siquiera se le permite acceder a ese derecho previa realización a su costa -aquí no son gratis- de una PCR. Por si alguien no se fía de que alguna tarde no vaya a ceder a la tentación de bajar al bar a tomarse una cervecita.

¿De verdad hemos de aceptar que sólo reprimiendo a los españoles y dando facilidades al turismo exterior salvaremos a nuestra hostelería y contendremos el virus? ¿Y si la solución fuera reprimirnos menos y organizar mejor la represión, para que evite lo que nos perjudica y posibilite lo que nos alivia?