El asunto

Nuestra justicia, imperfecta y todo, es lo bastante funcional como para lograr unas tasas de delincuencia y de conflicto social envidiables, incluso para exigir responsabilidades penales a los poderosos que abusaron de su poder, empeño en el que suelen desfallecer la mayoría de los sistemas judiciales. Nuestra gente de uniforme, dejando aparte casos anecdóticos o desahogos de jubilados, se conduce de forma ejemplar, tanto en la obediencia al poder civil -incluyendo su marcha a zonas de conflicto o su regreso de ellas- como en el socorro y asistencia a la población. Y quien ahora mismo ostenta la titularidad y el ejercicio de la institución monárquica no puede hacerlo con más prudencia y discreción, por más que nos pese que no se provea de otro modo la jefatura del Estado a quienes tenemos alma republicana.

El asunto es que estamos enterrados en la segunda crisis profunda en apenas una década, una crisis que se ha llevado por delante a 50.000 compatriotas -el tamaño en muertos de una guerra de Vietnam, siendo nuestra población la sexta parte de la del país que sufrió aquella pérdida-, ha destruido ya una parte significativa de nuestro tejido productivo y ha hecho impostergable el rediseño profundo de nuestra sociedad, anclada en apuestas que ya eran inadecuadas para los tiempos previos a la pandemia y que ahora quedan aún más fuera de juego.

El asunto es que como consecuencia de lo anterior estamos a punto de perder a una generación entera, la que ha empalmado las dos crisis y ha visto cómo se reducían sus opciones respecto de la anterior y se frustraba masivamente su proyecto de vida. Es un problema descomunal, que amenaza con fracturarlo todo. Y lo más alarmante es ver que nadie parece ocuparse de él.