Cataluña, el Gobierno del desgobierno

Los Mossos d'Esquadra han tenido que hacer frente a una espiral de violencia de una intensidad sin precedentes y lo han hecho con profesionalidad y en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado. A diferencia de lo ocurrido hace dos años, la Policía catalana ha cumplido con su función constitucional de defensora de la ley, los derechos fundamentales de los ciudadanos y el orden público. La encomiable labor desarrollada por los Mossos ha tenido una respuesta sorprendente por parte del Govern de Quim Torra. Respuesta que pone de manifiesto que el verdadero problema de Cataluña es su propio Gobierno como encarnación del desgobierno. En lugar de agradecer y valorar la profesionalidad de las actuaciones de sus policías, y de establecer algún tipo de reconocimiento especial para determinados agentes, la portavoz del Govern anunció el martes la apertura de «la investigación más grande realizada en la historia del Cuerpo», que podría desembocar en una serie de expedientes y sanciones.

La puesta en marcha de una investigación a los Mossos por haber cumplido con su obligación constitucional resulta lógica si tenemos en cuenta que a las fuerzas políticas independentistas que sostienen al Govern la única violencia que les preocupa es la «policial»; es decir, el ejercicio legítimo y proporcional de la fuerza para la defensa de los derechos de los ciudadanos. La exconsejera y cabeza de lista de Junts per Catalunya en las próximas elecciones, Laura Borràs, lo reconoció así expresamente. La violencia que se ejerce contra los ciudadanos que quieren coger el tren o entrar a la Universidad, o la de quienes incendian las calles no les preocupa. Esa violencia es rentable y debe ser fomentada porque, como subrayó la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, Elisenda Paluzie, «hace visible el conflicto a nivel internacional». El independentismo apela a la violencia y la defiende y ensalza sin pudor.

De esa forma, los derechos de la mayoría de los ciudadanos se ven lesionados todos los días por minorías violentas amparadas por los poderes públicos autonómicos. Un ejemplo significativo es la situación vivida en las universidades, donde se ha paralizado en gran medida la actividad docente. El martes, en la Pompeu Fabra, veíamos cómo una minoría violenta de unos 140 individuos bloqueaba el acceso con la intención de paralizar el funcionamiento de una institución que alberga a 14.000 alumnos. A diario contemplamos también cómo los Mossos tienen que enfrentarse a los Comités de Defensa de la República (CDR) -a los que Torra instó a «apretar»- para evitar el bloqueo de la estación de Sants y de otros servicios públicos y permitir la libre circulación de los miles de catalanes que se desplazan en tren o en otro tipo de transporte.

En este contexto, el restablecimiento pleno del Estado de Derecho en Cataluña será uno de los principales retos que el Gobierno que surja de las elecciones del 10-N habrá de afrontar. El otro será ganar la batalla de la opinión pública tanto en esa comunidad como en el exterior.

El 'procés' ha generado una grave fractura de la sociedad. Los resultados electorales y los sondeos de opinión demuestran que la mayoría de la sociedad no es independentista. La base social catalana no secesionistas debe ser ampliada. El Estado debe evitar dar cualquier paso que pueda llevar a ciudadanos indecisos al campo independentista. Desde esta óptica resulta muy positivo que haya sido y sea la Policía autonómica catalana la que combata los disturbios. Y es positivo también que no se haya tenido que activar el artículo 155 de la Constitución. El objetivo último de la apuesta del independentismo por la violencia era y es lograr una reacción desproporcionada del Estado que incline finalmente la balanza a su favor. Por ello, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de condenar la violencia, descartar la interlocución con Torra y apoyar a las Fuerzas de Seguridad y a los Mossos en sus actuaciones coordinadas ha sido, probablemente, la más acertada.

Ahora bien, ello no quiere decir que la cronificación de la violencia en Cataluña sea una opción admisible. El Ejecutivo que surja de las elecciones habrá de trabajar para que Cataluña recupere la normalidad. Y ello es incompatible con la continuidad de Torra al frente del Govern. El presidente de la Generalitat es un activista cuyo apoyo a los violentos le inhabilita para el cargo que ocupa. No cabe diálogo alguno con quienes amparan la violencia y aspiran abiertamente a la destrucción del orden constitucional.

En este escenario, la salida más plausible es la disolución del Parlament y la celebración de autonómicas para alumbrar un nuevo Govern que -al rechazar la violencia y cualquier tipo de ruptura del marco jurídico- pueda actuar como interlocutor válido con el Ejecutivo de España. Pero en el supuesto de que Torra se enrocase en su puesto y en su actitud, sería preciso remitirle el requerimiento previsto para la activación del artículo 155 de la Constitución.