Cataluña y la 'desobediencia institucional'

Para hacer frente a esta crisis habría sido mucho mejor contar ya con un Gobierno en plenitud de funciones y que contase con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara. Con todo, cabe confiar en que el Ejecutivo en funciones de Sánchez –con el respaldo del PP y Cs– responderá adecuadamente a las provocaciones de los independentistas. Y se comprende perfectamente que, en este contexto, hubiera resultado desastroso que España tuviera un Ejecutivo sustentado en el apoyo de Podemos y en la abstención de ERC. Estas fuerzas políticas, además de defender el derecho de autodeterminación, han criticado la detención de presuntos terroristas por «criminalizar el independentismo» y no han condenado la violencia de los CDR. Es mejor no tener gobierno o propiamente seguir contando con uno en funciones pero cuyo compromiso con la Constitución y la monarquía parlamentaria no ofrece dudas, que alumbrar otro a cualquier precio.

A la espera de la próxima sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio al 'procés', los poderes públicos catalanes se han situado, una vez más, al borde de la insurrección. En una nueva edición del juego del ratón y el gato ya practicado en 2017, incurren en actividades y conductas que desbordan claramente el marco constitucional y legal, pero evitan dar pasos contundentes e irreversibles que obliguen al Gobierno de Sánchez a intervenir nuevamente la Generalitat.

Las resoluciones aprobadas el pasado jueves son manifiestamente inconstitucionales y, lo que es más grave, colocan al propio Parlamento –autor de las mismas– al margen de la legalidad. Básicamente instan al propio Parlamento y demás instituciones catalanas a «liderar una respuesta institucional a la sentencia (del 'procés') que se apoye en el ejercicio del derecho de autodeterminación». Es decir, se reclama una nueva declaración de independencia para desvincularse de los efectos de una sentencia condenatoria. De forma simultánea y un tanto contradictoria, se reclama la amnistía para los posibles condenados. La amnistía o concesión de indultos generales está expresamente prohibida por la Constitución (art. 62. i). Y se afirma «la legitimidad de la desobediencia civil e institucional». Con esto último se está asumiendo que las instituciones políticas catalanas pueden desobedecer las normas jurídicas y las sentencias de los tribunales. En definitiva, el conjunto de estas resoluciones supone una apelación directa y clara a la subversión del ordenamiento jurídico y a la insurrección popular. El Gobierno de Sánchez recurrirá ante el Tribunal Constitucional estas resoluciones y, previsiblemente, serán anuladas. Como fueron anuladas –a instancia también del presidente Sánchez– las resoluciones que reprobaban al Rey e instaban a la abolición de la Monarquía.

Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, todos los actos inconstitucionales realizados por el Parlamento catalán serán anulados y el orden constitucional quedará restaurado. Esto no es, por ello, lo más grave. Lo verdaderamente preocupante es cómo reaccionarán las instituciones catalanas ante la sentencia del 'procés' y cómo están actuando ya ante la neutralización de los elementos violentos de los CDR. El presidente Torra, que en el pasado instó a los CDR a «apretar» en sus actuaciones, reclama ahora la libertad para personas detenidas con planes para fabricar explosivos, atentar contra infraestructuras e incluso tomar el propio Parlament. El tiempo de Torra se agota porque muy posiblemente en noviembre será inhabilitado en el proceso por desobediencia que tiene abierto y cabe temer que antes pueda impulsar y liderar un nuevo proceso insurreccional.

En ese contexto, lo fundamental es garantizar el orden público. Y para ello –y evitar así otro 1 de octubre– el artículo 155 puede resultar imprescindible. Las advertencias del presidente Sánchez distan mucho de ser retóricas. Realmente se dan ya las condiciones para activar la primera fase del procedimiento: requerir a los poderes públicos catalanes que desistan de su actitud. El Parlamento catalán debe rechazar la 'desobediencia institucional' y Torra tiene que afirmar su voluntad de acatamiento pleno de cualquier sentencia judicial. Lo contrario supone «un atentado al interés general» previsto en el artículo 155 e implica una amenaza grave para el orden constitucional y el orden público en Cataluña.

La formulación del requerimiento no implica que Cataluña vaya a ser intervenida inexcusablemente, pero la prudencia aconseja tener cumplido ya ese trámite. La experiencia confirma que, en otro caso, el tiempo juega a favor de los golpistas.