Cataluña en la campaña electoral

Por un lado, los programas del PSOE, PP y C's son coincidentes en rechazar con rotundidad y contundencia el derecho de autodeterminación. Estos tres partidos son claramente contrarios a la celebración de referéndum alguno sobre la independencia de una parte del territorio nacional. Los tres defienden la vigencia del marco constitucional actual, aunque el PSOE y C's -a diferencia del PP- son partidarios de algunas reformas. En cualquier caso, ninguno propone reformas que puedan hacer posible el derecho de secesión.

Frente a ellos, las propuestas de Podemos y Vox implican una ruptura del marco constitucional. En el caso de Podemos porque se muestra partidario del derecho de autodeterminación que es incompatible con el artículo 2 de la Constitución que garantiza la unidad e indivisibilidad del Estado (precepto que Iglesias no leyó en el debate televisado). En lo que se refiere a Vox porque propone la centralización del Estado y, en definitiva, la supresión de las Comunidades Autónomas, lo que contradice también el citado artículo 2 que consagra el principio de autonomía política que ha hecho posible la descentralización de España. Propuestas basadas además en un nacionalismo xenófobo y excluyente similar al que representan Puigdemont o Torra.

Ahora bien, dentro del bloque partidario de preservar el marco que nos ha proporcionado a los españoles el más largo periodo de libertad de nuestra historia, existen diferencias significativas. Por un lado, PP y C's apuestan por la intervención «indefinida» de Cataluña mediante la activación del artículo 155 con carácter «permanente». Proponen también «blindar» las competencias estatales. Por otro lado, el PSOE propone «profundizar y aumentar» el autogobierno de las Comunidades Autónomas, en general, y de Cataluña, en particular, «blindando» las competencias autonómicas. Se trata de propuestas políticas dirigidas a lograr votos en distintos caladeros, pero desde una perspectiva jurídico-constitucional, es preciso advertir que algunas son inviables y otras solo podrían llevarse a cabo mediante el acuerdo de las tres fuerzas políticas mencionadas.

La activación con carácter «permanente» o «indefinido» del artículo 155 contradice su propio tenor literal, así como su finalidad intrínseca. El precepto faculta al gobierno a adoptar todas las medidas necesarias «para obligar (a la Comunidad Autónoma) al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general». Se trata de una norma que se enmarca en el derecho de excepción y por ello su aplicación es siempre limitada en el tiempo. Con ella se afronta una crisis, con el propósito de superarla mediante el restablecimiento del orden vulnerado. Esto es, en el momento en que logra su fin, la «coerción» estatal prevista en el art. 155 debe concluir. Las propuestas del PP y C's olvidan los límites temporales implícitos en el art. 155. No cabe una intervención permanente.

Por otro lado, las propuestas del PSOE de «profundizar» el autogobierno de Cataluña son también inviables. Para llevar a cabo esa profundización se propugna un nuevo Estatuto de Autonomía que incluya los artículos derogados por el Tribunal Constitucional. Esto no es posible porque lo que era inconstitucional (y disfuncional y disgregador) en 2010 lo será igualmente en 2020 y, por lo tanto, el Alto Tribunal estaría obligado a anularlo tantas veces como se aprobase. La única forma de ampliar las competencias de Cataluña sería mediante una reforma de la Constitución. El PSOE olvida que no hay margen para ello porque Cataluña dispone ya de todas las competencias imaginables (compatibles con la unidad estatal) salvo las fiscales que disfrutan Navarra y el País Vasco y cuya extensión a otras Comunidades no es económicamente posible. No estamos en 1996 cuando Aznar pudo ceder a los nacionalistas en 14 días lo que el PSOE les había negado durante 14 años (en acertadas palabras de Xabier Arzalluz). Ya no hay margen para más cesiones.

Dejando al margen estas propuestas irrealizables (155 permanente o ampliación competencial) los programas del PSOE, PP y Cs, además de su compromiso con el marco constitucional vigente, presentan otra interesante coincidencia aunque se refieran a ella de distinta forma. Cuando el PP o C's proponen «blindar» las competencias del Estado y el PSOE «blindar» las autonómicas, se están refiriendo a lo mismo: a la inclusión en el texto constitucional -mediante la oportuna reforma- de un sistema preciso y coherente de reparto de competencias y con ello, al cierre del sistema. Esta es la reforma que pondría fin a la apertura permanente del sistema, a su inestabilidad crónica y a su excesiva conflictividad.

En definitiva, a la vista de los programas y propuestas, y al margen de las declaraciones retóricas, las coincidencias entre el PSOE, PP y C's permitirían alumbrar una respuesta concertada a la cuestión territorial. Confiemos en que, después del 28 de abril, la lógica democrática del acuerdo permita alumbrar consensos para encauzar este y otros problemas.