Assange, ante la Justicia

Pero eso no parece suficiente cuando el caso presenta demasiadas vertientes de opacidad sobre los motivos de la orden estadounidense de búsqueda, y sobre la peripecia penal a la que Assange podría enfrentarse en aquel país. Siempre con la eventualidad de que la Justicia sueca reactive el procedimiento abierto y archivado contra él a causa de sendas denuncias por supuestos delitos sexuales. Pero las dudas que suscita la actuación pasada y futura de Estados Unidos contra Assange no pueden servir de argumento legitimador de las actividades de este. La vulneración sistemática de la legalidad, irrumpiendo en bases de datos de titularidad pública o privada y procediendo a su sustracción, no se vuelve lícita porque esa información responda al interés de los ciudadanos de uno u otro país, o revele posibles irregularidades. Tampoco porque distintos medios de comunicación se hagan eco de su contenido en nombre del derecho a la información. Semejante lógica serviría para justificar los propósitos más perversos. De ahí que la defensa de la integridad personal y civil de Assange no deba dar lugar a la reclamación de su impunidad. Porque el control sobre poderes institucionales o económicos ha de atenerse al cumplimiento estricto de la ley y a la demanda de cauces de transparencia que den sentido a las sociedades abiertas.