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El independentismo catalán ha provocado, sin duda, una crisis de constitucionalidad al negar el valor y alcance de la Constitución. Previamente, sin embargo, existía una crisis constitucional, derivada en buena parte del propio sentido de nuestra ley fundamental. En efecto, en materia de organización territorial ... del Estado nuestra Constitución fue pensada más bien como un instrumento para la Transición, que debería haberse reformado al alcanzarse la estabilidad en el diseño de las comunidades autónomas. Es lo que intentó en 2004 Rodríguez Zapatero encontrando enfrente a un PP absolutamente indispuesto a ello.
El resultado es que desde entonces la crisis constitucional en cuanto a la estructura territorial del Estado no ha hecho sino pronunciarse. Ante ello se han manifestado básicamente tres posicionamientos: no hacer nada porque la Constitución está perfecta como está (que es la opción del PP y Ciudadanos); desconocer la Constitución y actuar de manera ilegal (que es la posición en la que persiste el independentismo catalán); transformar algunas autonomías en estados asociados de lo que quede del Estado español (que es la propuesta que ha presentado recientemente el PNV y contentado a Bildu). De las tres, la única que no admite tratamiento político es la segunda, obviamente, por salirse de ese espacio y buscar el de la pura acción.
Existe, no obstante, otra posible respuesta: el federalismo, que apenas ha tenido concreción debido al despiste que la izquierda, de cuyo bagaje forma parte, viene mostrando al respecto. Podemos oscila permanentemente entre el confederalismo tipo PNV y un agotamiento del discurso en el 'derecho a decidir'. El PSOE, que sí se ha pronunciado abiertamente por un modelo federal, apenas ha logrado pasar del nombre.
Suponiendo que las crisis constitucionales se solucionan abriendo y no cerrando el debate sobre la reforma de la Constitución, ¿qué razones o argumentos podrían esgrimirse a favor del federalismo frente a propuestas como la del PNV? Creo que podemos apuntar cuatro fundamentales.
Empezando por lo más importante, la propuesta del PNV y Bildu para reformar (más bien rehacer completamente) el Estatuto recorta de manera grave las garantías y protecciones de los derechos individuales. En efecto, este sería un efecto necesario de la propuesta de eliminar prácticamente la jurisdicción constitucional en Euskadi. Sencillamente perderíamos una instancia jurisdiccional de protección de derechos. Es de suponer que también la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque mal se entendería negar al Constitucional capacidad operativa en Euskadi a la vez que se reconoce otra instancia que requiere su previa actuación.
El federalismo, contrariamente, acumula garantías e instancias de protección de derechos al establecer en la Constitución una planta judicial que respeta la territorialidad de la Justicia, pero también las jurisdicciones federales y, por supuesto, la condición de suprema de la jurisdicción constitucional. El federalismo no toleraría tampoco, por contrario a los derechos individuales, la disociación que quieren Bildu y PNV entre ciudadanía y nacionalidad.
En segundo lugar, la propuesta confederal del nacionalismo eterniza el conflicto entre territorios y Estado. Al proponer una asociación sin principio alguno de jerarquía normativa («de igual a igual», se dice, como si esta palabra de por sí fuera mágica), en realidad se está cuestionando la pertenencia efectiva al Estado español, con todas sus consecuencias, también de orden europeo. Pero, sobre todo, aboca a una permanente y agotadora disputa del alcance de la asociación sin posibilidad de solución política y constitucional al haberse suprimido toda relación de jerarquía. Los efectos pueden verse en cabeza ajena, en el único experimento reciente de asociación confederal en Europa: la Yugoslavia posterior a 1980.
Ese principio de jerarquía es asumido por el federalismo junto al principio del derecho del territorio a mantener incuestionado su propio autogobierno. Dicho de otro modo, una constitución federal, a diferencia de la nuestra actual, no solamente combina autogobierno y unidad (unidad en la diversidad), sino que además cierra constitucionalmente las reglas del juego impidiendo ese eterno debate sobre competencias que tenemos actualmente.
En tercer lugar, el confederalismo propuesto no genera, respecto de otros territorios de España, más relación que la caritativa. Al no existir precisamente principio de jerarquía ni de relación federal con España, lo que el País Vasco aporte a un mejoramiento de condiciones en territorios menos desarrollados dependerá de un criterio moral y no legal. Contrariamente, el federalismo se fundamenta en la solidaridad constitucionalmente establecida, esto es, en la obligación legal y no solamente moral de repartir la riqueza no exclusivamente por medios fiscales. Para que esto se entienda, piénsese solamente qué sería de Oklahoma si no perteneciera a la federación norteamericana y compárese con Puerto Rico, que precisamente es un Estado asociado.
Finalmente, el confederalismo tendría un muy problemático encaje europeo. Europa es, de momento, precisamente una asociación de Estados (no de Estados asociados a otro Estado), pero su supervivencia apunta sin duda hacia una relación federal en la que exista (existe ya, de hecho) una jerarquía normativa y jurisdiccional y una relación política basada en la combinación de autogobierno y unidad. Pero sobre todo deberá fundamentarse, después de la lección del 'Brexit', en un principio que el confederalismo desconoce y el federalismo, en cambio, eleva a primer plano: una 'in diversitate'. Ese debería ser también el lema de una federación española. Para el confederalismo nacionalista, la primera, la unidad, no existe. Así, en el proyecto avalado por PNV y EH-Bildu no hay una sola palabra sobre la fidelidad constitucional que el 'sujeto jurídico político' (que es como de momento llaman a Euskadi) debería mantener respecto de España. Para el federalismo, y también para España, ambas palabras son esenciales: diversidad y unidad.
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