La tercera y última oleada del estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos III confirma que casi el 95% de la población española es susceptible de infectarse de Covid-19, dado que solo una media del 5,2% de las personas testadas - ... en Euskadi, apenas el 3,6%- ha presentado anticuerpos. Una situación que es más acusada en los territorios con menor incidencia de contagios. La presunción de que pudiese haber más ciudadanos celularmente resistentes al coronavirus queda contrarrestada por los interrogantes sobre la duración de la inmunidad, toda vez que el propio informe ha detectado su pérdida parcial. Un 14% de los positivos de la primera ronda no presentaron anticuerpos seis semanas después. De esa forma se aviva el temor a que aquellos que hayan superado la infección sin síntomas o con leves afecciones pudiesen volver a padecerla.
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Todo ello añade argumentos a la necesidad de mantener la alerta individual frente al riesgo de contagiar o ser contagiado, dando continuidad a las medidas de prevención colectivas dictadas por las administraciones, las empresas y las entidades sociales y culturales. La aparición diaria de nuevos brotes en distintas partes de nuestro país y en circunstancias diversas no solo confirma la latencia del coronavirus. Evidencia también que basta un pequeño descuido para que se facilite su transmisión, por lo que ha de atajarse toda actuación deliberadamente negligente.
Los sucesivos rebrotes están demostrando que los servicios autonómicos de salud pública y atención primaria están en condiciones de identificar y rastrear nuevos casos. Las correspondientes instancias políticas se encuentran en disposición de adoptar a tiempo aquellas medidas de restricción que cada nueva crisis requiera. Que no cuenten con los resortes jurídicos más precisos para afrontar cada amenaza no les exime de responsabilidad. El Departamento de Salud catalán reconoce que los brotes de Lleida han pasado a ser de «transmisión comunitaria», por lo que la Generalitat estudia la aplicación comarcal del confinamiento domiciliario, que plantearía problemas legales. El aislamiento de A Mariña lucense durante solo cinco días hace pensar que la Xunta quiere salvar las elecciones autonómicas del próximo domingo, cuando podría prolongar las restricciones posponiendo los comicios en la zona si la Junta Electoral lo considera conveniente.
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