Un alivio lacerante

Pero sin entrar a valorar la entidad de las pruebas que han sentenciado al preso, y partiendo de la base de que cualquier proceso penal ha de ir orientado al resarcimiento efectivo de las víctimas y sus deudos, el caso de Ibar desborda los márgenes de una Justicia que no ha parecido lo suficientemente limpia como para resultar incuestionablemente justa. No puede serlo cuando siempre ha pesado sobre el procesado la amenaza de acabar ejecutado por el propio sistema que debe velar por su legalidad, sí, pero por una legalidad que tendría que ser tan respetuosa con los derechos humanos como para no institucionalizar el 'ojo por ojo'. En un interminable proceso plagado de sobresaltos y cuya verdad judicial -la atribución del crimen a Pablo Ibar- continúa suscitando dudas más allá de su propio equipo de defensa, el condenado lleva ya, a sus 46 años, más tiempo entre rejas que los que vivió como un hombre libre. El cambio de la pena de muerte por la condena a perpetuidad representa, en efecto, un respiro; un respiro lacerante. Pero ambas opciones siguen dibujando un modelo de justicia que no solo arriesga lo máximo -la vida de inocentes- si se equivoca. También obstaculiza las opciones de recuperar para la sociedad a quienes delinquen gravemente, previo reconocimiento y compensación a las víctimas.