Las Zonas de Bajas Emisiones pueden quedar suspendidas en España

Varapalo a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que llegarán a las localidades de más de 50.000 habitantes durante el 2023. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha tumbado la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón al no contener una memoria económica y, por lo tanto, anula las restricciones de circulación y aparcamiento en la ciudad a los vehículos más antiguos que carezcan de la etiqueta medioambiental de la DGT.

Gijón fue una de las primeras ciudades en aplicar la nueva ley de las ZBE. De hecho, su normativa era de las más exigentes. Obligaban a todos los vehículos a portar la pegatina de la DGT para acceder al centro de la ciudad y quien incumplía esta norma se exponía a una multa de 90 euros. Una cantidad excesiva teniendo en cuenta que en Barcelona no se multa o en Madrid solo asciende la sanción a 20 euros.

Pese a ser una ley a nivel nacional, las ZBE quedan reguladas bajo la ordenanza municipal. Es decir, cada ayuntamiento decidirá las cuantías de las sanciones y las restricciones que impondrá a los vehículos más contaminantes. Los conductores deberán saber que la multa que sí o sí deben imponer los consistorios es la relacionada con entrar sin permiso a una Zona de Bajas Emisiones. Se sanciona con 200 euros. En cambio, llevar visible o no la pegatina de la DGT quedará en manos de los ayuntamientos.

La sentencia del TSJA no solo supone un varapalo para Gijón, sino que puede suponer una advertencia para el Gobierno de Sánchez. Si el Ayuntamiento recurre esta sentencia será el Tribunal Supremo quien deba fijar una posición definitiva sobre la viabilidad de la ley de las ZBE. Y un fallo en línea con el TSJA haría tambalear la norma. Por el momento, en la ciudad asturiana quedan suspendidas estas medidas de inmediato.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recalca sobre las polémicas ZBE que «no se aportan datos específicos sobre el estado actual del aire, y perspectivas de futuro, criterios de comparación, influencias económicas concretas y su traducción en orden al equilibrio de ingresos y gastos, informes técnicos...».

El TSJA también incide en que estas medidas pueden «determinar necesariamente la renovación del vehículo para seguir desempeñando la actividad, lo cual, lógicamente, supone un gasto empresarial que puede afectar al precio del servicio y, por ende, en la competitividad». Y sostiene que la renovación del vehículo «puede incidir sobre precios ya concertados, en ocasiones en concesiones o contratos de servicio de duración prolongada, como es habitual en el transporte, sobre los que incide la restricción de la Ordenanza cuando se utilizan vehículos que reúnen las características técnicas de la contratación, pero que carecen de distintivo ambiental».

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