El 87% de la superficie del aluvial de Miranda tiene agua subterránea afectada por nitratos

Según el estudio del organismo de la cuenta, que hace referencia a la situación de los ríos y acuíferos entre 2016 y 2019, comparándolos con los cuatro ejercicios previos, los puntos de agua afectados o en riesgo de contaminación por nitratos de origen agrario han aumentado, llegando a ocupar «la práctica totalidad del aluvial del Ebro» y los de la parte baja de Oroncillo y Bayas.

Y es que de los 26 puntos de muestreo realizados en la vega de esos ríos, hasta 22 estaban contaminados por nitratos y se distribuían a lo largo y ancho de la práctica totalidad de la zona, conformando «un único sector que ocupa gran parte del área de la masa de agua».

Pero aunque se ha ampliado el espacio afectado por el compuesto, ha bajado «la concentración media anual de nitratos respecto al periodo cuatrienal anterior». Y es que, en general se observa «una reducción importante del contenido en nitratos en la toda la masa de agua salvo en varios puntos de control ubicados al norte» de Miranda.

De los 26 puntos analizados, los cuatro no afectados se encuentran en terrenos alaveses de Lantarón. Son los denominados como Montecillo y Fuente de Abajo, además de otros dos designados como Cabriana, área donde se tomaron cinco muestras.

Dentro del término municipal de Miranda se recogió agua subterránea en nueve puntos distintos y en todos el resultado indicó que estaba afectada por NO3. Si bien, en el caso de la muestra tomada en una zona residencial concretamente en el Poblado de Los Ángeles, se señala en el informe que «no se puede descartar que la afección no tenga una componente urbana» en lugar de estar relacionada con la actividad agraria.

Además, también hay que tener en cuenta en ese caso que la concentración máxima ha evolucionado a mejor, ya que en 2016 se registraron hasta 69,9 miligramos por litro, mientras que en 2019 el tope se quedó en 30,2. Menos de la mitad y, de consolidarse, el nivel del último ejercicio analizado, dejará de considerarse afectado en el siguiente informe, ya que estará por debajo de 50 miligramos por litro, que es el valor a partir del que se considerada que existe contaminación.

También se ha analizado y figura entre los puntos afectados el manantial de San Juan, donde en las muestras recogidas hace seis años la concentración máxima llegó a los 67,3 microgramos por litro y hace tres el nivel no superó los 48,3 (también dejaría de considerarse afectado de seguir así). No ha ocurrido lo mismo en el pozo de Fuentecaliente, otro de los contaminados en la ciudad, ya que el máximo de 71 microgramos por litro de nitratos registrado en 2016 llegó a 117 en 2019.

Los otros puntos en los que se tomaron muestras y en los que el análisis también reflejó que existía una afectación de las aguas subterráneas son los denominados como Fuente de Abajo, Finca Entrerroyos, La Rueda y Torralbo.

El resto de las zonas en las que se tomaron muestras y en las que el resultado en NO3 fue positivo están en terrenos de Lantarón, 9 de ellos; y los otros 3 restantes en Zambrana.

En el caso de las aguas superficiales también analizadas, el informe de la CHE incluye el Oroncillo, como uno de los que está en riesgo, aunque aún no ha alcanzado unos niveles de concentración que llevan a situarlo como afectado. De todos modos, aunque la evolución de los cuatro años analizados ha sido oscilante, el nivel máximo del último año (registrándose 37,6 miligramos por litro en 2019) es el segundo más alto del periodo analizado.

La CHE, que busca dar cumplimiento a una directiva europea con su estudio, señala que entre las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las aguas, «la más importante actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de fertilizantes nitrogenados, tanto orgánicos como inorgánicos, en la agricultura». Algo que, señalan, se pone de manifiesto, por las elevadas concentraciones de nitratos que se registran en algunas masas de agua.

Pero más allá de detectar dónde existe esa contaminación, lo que se pretende es que el informe sirva de base para que las comunidades autónomas, competentes en materia de Agricultura, conozcan las zonas vulnerables y puedan «establecer programas de actuación con el objeto de reducir» este tipo de compuesto.