t. c.
Sábado, 5 de junio 2021, 01:29
La Junta de Personal del Ayuntamiento, ante la contratación de una auxiliar administrativa para cubrir la plaza vacante en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), solicitó por escrito a la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, así como a las concejalas de Igualdad ... y Consumo, Matilde Fernández e Inés Busto, conocer los motivos por los cuáles la Corporación «ha hecho caso omiso» de la reciente sentencia del Contencioso Administrativo de Burgos que reconoce que las funciones de ese puesto de trabajo corresponden a la categoría de Jefe de Negociado, del subgrupo C 1, que deriva en «un enriquecimiento injusto» de la Administración municipal al cubrirlo con una auxiliar.
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En el escrito registrado, los representantes de la plantilla también reclaman al equipo de Gobierno que explique «las funciones encomendadas a la persona contratada», pues defienden que, dado el subgrupo al que pertenece (C2), poco valor añadido puede aportar al servicio que ya oferta la Subdelegación de la Junta en materia de atención al consumidor. «El servicio de la OMIC no va a ser como antes. La persona que han contratado no va a resolver los problemas de la ciudadanía, del consumidor, sino que va a recoger las quejas y las va a derivar a la Junta para que las atiendan, ya que no tiene la categoría de técnico para poder resolverlas», explican fuentes sindicales.
Denuncia. La Junta de Personal defiende que se ha hecho caso omiso al Contencioso Administrativo
Resolución. «El servicio no es el mismo, se van a recoger las quejas, no a resolver los problemas del consumidor».
Complemento. Defienden que el complemento especifico debería adjudicarse primero a los técnicos administrativos.
En otro sentido, desde la Junta de Personal también se oponen a contratación de la nueva profesional mediante una interinidad, entendiendo que la plaza tenía que haber sido cubierta «mediante promoción interna y con una profesional de mayor categoría».
Asimismo, los trabajadores y trabajadoras municipales también están en desacuerdo con que la nueva persona contratada vaya a percibir un complemento específico mayor que el del resto de auxiliares del Ayuntamiento e, incluso, administrativos de la plantilla; pues así está recogido para el puesto de la OMIC. «Solicitamos conocer las retribuciones de la persona contratada y ese complemento económico específico procede ofrecérselo primero a los administrativos de la plantilla», subrayan.
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Cabe recordar que la Corporación municipal dio cobertura a la plaza vacante de la OMIC «con un trabajador interino», todo ello mientras se trabaja para sacar la plaza a concurso en un futuro.
De esta manera, la concejala de Personal, Matilde Fernández, aseguró semanas atrás que la OMIC no dejaría de prestar un servicio muy demandado por la ciudadanía mirandesa, y es que las reclamaciones registradas y tramitadas por la Oficina Mirandesa de Información al Consumidor a lo largo del pasado ejercicio se elevaron hasta las 372. Cifra que no difiere mucho de las registradas en ejercicios previos, sin confinamientos y restricciones de movilidad de por medio (fueron 441 en 2018, pero los años anteriores se quedaron por debajo de 2020).
Los más de tres centenares de expedientes surgieron de las 1.328 llamadas y correos electrónicos recibidos por un servicio que se mantuvo activo durante la pandemia para dar respuesta a problemas surgidos con servicios de telefonía, gas y electricidad, además de con talleres de reparación y venta de vehículos; así como con compras por Internet y también con rescates de entradas de espectáculos anulados o billetes con compañías aéreas y viajes combinados.
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