Miranda limita la instalación de plantas fotovoltaicas al 2% del suelo rústico

«Es una actividad relativamente novedosa y no estaba recogida en los planes urbanísticos de los municipios ni en la normativa de las comunidades autónomas. Además, suele abarcar mucho territorio y no genera demasiados puestos de trabajo, con lo que no provoca un beneficio general. Miranda no es una excepción, hay muchas empresas interesadas en instalar sus placas aquí y por eso hemos desarrollado esta regulación con una de las propuestas más exiguas de la comunidad autónoma», explica Guillermo Ubieto, concejal de Urbanismo.

Así las cosas, Miranda posee un suelo rústico de 8.681 hectáreas. Este, a su vez, se divide en zonas con diferentes catalogaciones, tales como el suelo rústico común, el suelo rústico agropecuario o el de protección natural, entre otros.

«Limitaremos las licencias para plantas fotovoltaicas y eólicas a solamente el suelo rústico común de la ciudad, a un 8% de su superficie como máximo», explica el edil, que añade como definición que este tipo de terreno «es el que peores condiciones tiene para la explotación agrícola y agropecuaria. Así protegeremos el suelo agropecuario para que se destine a su uso original, el sector primario y la producción de alimentos».

Y es que el suelo rústico común de la ciudad está compuesto por 2.126 hectáreas, de las cuáles se habilitará un máximo de 170 para la puesta en marcha de estas instalaciones. Esto se traduce en el 1,96% de todo el suelo rústico de Miranda, que se eleva hasta las 8.681 hectáreas. «Nos viene bien que haya más energía en la red de distribución y hay que permitir la localización de estos parques, pero sin que puedan establecer una macroplanta de 900 hectáreas en nuestra ciudad. No queremos que estas instalaciones condicionen a nuestro sector primario ni al medioambiente».

Además, esta nueva regulación incluye una serie de limitaciones, con lo que las firmas interesadas van a tener muy complicado poder implantar una única instalación en la superficie habilitada. «Hay que respetar ciertas distancias con las viviendas, hay algunas parcelas que seguramente no presenten las características adecuadas para poner placas y demás; por lo que, entre los requisitos y las condiciones, las licencias tendrán que distribuirse entre diferentes zonas».

El titular de Urbanismo reitera que «es un acuerdo satisfactorio y equilibrado» para todo el equipo de Gobierno, tanto para IU-Podemos como para el PSOE.

«Queríamos impedir que se ocupara todo el suelo rural con este tipo de plantas. Entendemos la atracción de la industria electrointensiva, cada vez más numerosa, y la necesidad de producción energética. Pero todo tiene que llevarse a cabo con ciertos criterios para la protección del suelo y el entorno», zanja.

Entre los espacios facultados para la instalación de placas solares o molinos de viento, «aunque las eólicas no nos preocupan tanto», encontramos zonas aledañas a San Juan del Monte, Los Corrales, Orón y La Nave, entre otras. «Hemos recibido varias peticiones en los últimos años. Algunas compañías ya tienen autorización ambiental, otras se han interesado y se han reunido con nosotros. Veremos cómo evolucionan las propuestas pero estamos contentos con el acuerdo», cierra el edil.