Cada vez son más los que llaman a las puertas de Cáritas en busca de una mano tendida en la que apoyarse cuando se encuentran ante situaciones con las que no saben cómo lidiar ellos solos. En los cinco primeros meses del año por la ... sede de la entidad en Miranda han pasado unas 500 personas y de ellas calculan que entre el 40% y el 50% son ciudadanos recién llegados de Colombia -a los que se suman, principalmente, nacionales de Marruecos y Venezuela- que, además, en todos los casos piden protección internacional.
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Ése es un trámite que reconocen desde Cáritas, cada vez resulta más complicado de gestionar porque ya no se hace en la ciudad, hay que ir a Burgos y antes hay que conseguir una cita por Internet. El procedimiento no resulta sencillo, pero no renuncian a intentarlo una y otra vez porque conseguir ese asilo implica acortar los tres años de espera para poder regularizar la situación y conseguir los papeles. Y con ellos acceder a un trabajo de manera regular. Algo que, en algunos sectores, tienen claro que no será difícil porque, por ejemplo, en Cáritas no paran de llegar ofertas, sobre todo, para el cuidado de personas y tareas del hogar.
«El problema es que no se puede hacer el contrato porque los que llegan tienen que esperar tres años para regularizar su situación», aunque tengan un empleador que se compromete a hacer un contrato. Una situación que confían en que se modifique -así lo solicitaron presentando más de 500.000 firmas al Congreso de los Diputados a través de una Iniciativa Popular Legislativa (IPL)-. Y es que tienen claro que los largos tiempos de espera para conseguir los papeles no hace sino «potenciar la economía sumergida», porque no pueden estar tanto tiempo sin trabajar.
890 familias atendió en la ciudad la entidad a lo largo del pasado año, 89 más que en 2021. En total, trabajaron con 1.853 personas.
189.381 euros destinaron en 2022 al apoyo de las familias en dificultades. Un importe del que la mayoría, hasta 118.862 euros se compartió en especie a través de su economato Mercarmir.
Además, las ayudas que les pueden aportar colectivos como Cáritas o Cruz Roja no son infinitas y, en una situación de aumento notable de la demanda de ayuda, hace que lo que hay se tenga que repartir entre más y, por tanto, reciban menos. Situación a la que se añade el impacto del IPC. «Al subir mucho el precio de los alimentos, recibimos menos donaciones; pero tenemos bastantes más familias a las que atender». Ahora mismo, ayudan a entre 40 y 50 que acuden cada quince días a un servicio como el del economato Mercarmir que abrieron a raíz de la pandemia y que no han podido cerrar desde entonces.
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De ahí que, desde la entidad reconozcan que no saben cómo podrán afrontar el último cuatrimestre del año, a la vuelta del verano, porque ya ahora mismo «estamos bastante mal de presupuesto» y tienen que seguir haciendo frente a la compra de productos frescos para que las familias puedan tener una alimentación equilibrada.
Tampoco hay otros organismos como Servicios Sociales a los que derivar a parte de la gente que llama a su puerta ya que, por ley, a quienes no tienen una situación regular, en los CEAS, por ejemplo, no los pueden atender. Los que tienen una posición administrativa irregular tienen pocos sitios a los que acudir en busca de ayuda.
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Gasto. El año pasado destinaron casi 40.000 euros más que en 2021 en comida y este año han agotado ya buena parte del presupuesto para ello.
Apoyo. Demandan asesoramiento jurídico, clases de castellano, empleo, apoyo escolar, pero los más vulnerables también ayudas económicas para alquiler, medicamentos, ropa, alimentos.
Jornadas de sensibilización. Cáritas ha organizado una semana de visitas a los espacios en los que desarrolla diferentes programas en la ciudad.
De ahí que en Cáritas sean mayoría en la estadística de la gente a la que atienden. De hecho, en el primer trimestre el año, habían pasado por el servicio de acogida 301 familias, de las que 287 eran extranjeras en situación irregular; aunque de todas ellas al menos 118 sí que habían podido empadronarse en la ciudad, obteniendo así acceso a asistencia sanitaria y escolarización para sus hijos.
El grupo de hogares atendidos hasta finales de marzo se completó con 14 españoles, un número muy pequeño si se pone en perspectiva con el total, pero ahí la entidad pone la cifra en relación con el hecho de que son un colectivo que tiene más herramientas de apoyo a su alcance, como el Ingreso Mínimo Vital, la renta de ciudadanía, solicitar pensiones... «Nosotros atendemos a muy pocos españoles en nuestro programas porque hay otros recursos a los que pueden acceder», incidieron.
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De todos modos, reconocen que cada vez se están topando más con el fenómeno del trabajador pobre. Y es que «si ganas mil euros, pagas 400 euros de alquiler y tienes tres hijos en este país es muy difícil vivir». Aunque son muy puntuales las ayudas que solicitan quienes tienen esa situación y para lo que siguen recurriendo a Cáritas es para que les apoyen en la gestión del papeleo y renovación de documentación, ya que ahora todo se hace de forma online, asistir a clases de castellano o que sus hijos vayan al centro de apoyo al menor.
La búsqueda de una vivienda es otra de las tareas para las que suelen recurrir a la entidad porque ahora mismo, está «complicadísimo. Están pidiendo 300 y 350 euros por habitaciones y mínimo 500 por un alquiler. El tema de la vivienda es muy serio», valoraron.
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