raúl canales
Martes, 13 de julio 2021, 01:09
El Servicio de Atención Ciudadana seguirá atendiendo con normalidad a pesar de la agresión sufrida la pasada semana por una empleada, que se suma a otros episodios violentos sucedidos en el último año. Ayer un cartel en la puerta anunciaba que solo se dejaría pasar ... a quienes tuvieran cita previa, pero la medida adoptada de forma unilateral por la plantilla, que reclama la presencia de seguridad privada o de un policía en la oficina, duró poco tiempo ya que el equipo de Gobierno obligó a reabrir las puertas del servicio.
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Las reticencias de las trabajadoras, que aseguran tener miedo, no encontraron respaldo por parte de los responsables políticos, lo que motivó una tensa discusión que llevó incluso a la concejala de Personal a amenazar con abrir expedientes disciplinarios si se negaban a acatar la orden de mantener la puerta abierta. «No se puede hacer de la excepción una generalidad», asegura Matilde Fernández, quien entiende que las faltas de respeto y actitudes violentas por parte de algunos ciudadanos son ocasionales y no pueden justificar el cierre del servicio. En los próximos días el equipo de Gobierno estudiará si adopta alguna medida para reforzar la seguridad, pero adelanta que el SAC no es el único lugar de atención al público y «no podemos poner un policía en cada edificio».
Aunque la plantilla tuvo que dar marcha atrás en su decisión, ha elevado un escrito en el que una vez más exigen que se les garantice la seguridad, y recuerdan que han presentado varios informes por hechos violentos sin haber obtenido respuesta. «Hoy nos han llegado a decir que los insultos que recibimos van en el sueldo y han puesto en duda que estemos preparadas para el puesto, cuando llevamos más de quince años ejerciendo. Si no fuésemos mujeres, ¿también nos dirían que somos unas quejicas? ¿Le dirían a un policía que ha sido agredido que es un flojito?», se interrogan fuentes sindicales, que lamentan el «nulo compromiso» del equipo de Gobierno con la salud del personal.
«El otro día, después de la agresión, ni nos preguntaron como estábamos. Tienen la misma consideración hacia nosotras que hacia el material fungible; si nos rompemos ya traerán a otra», critican.
En su opinión, la solución es contratar un guardia privado o colocar un policía en el SAC, algo que también debería aplicarse a Servicios Sociales, OMIC y polideportivo. «Somos los servicios que estamos más expuestos y que atendemos gente todo el tiempo», afirman. De hecho, trabajadores del polideportivo también han denunciado agresiones.
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