Hace más de una década que las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reivindican la creación de un tercer juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Miranda por el elevado número de litigios a los que tienen que hacer frente; ... pero la necesidad no ha llegado de forma oficial al Ministerio de Justicia. Al menos no hay constancia de que así sea y, por tanto, no figura en el listado de 70 nuevas líneas judiciales que se ha aprobado crear a lo largo de este ejercicio en toda España con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
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Para que se pueda llegar a incluir, antes la Junta de Castilla y León debe plantear la necesidad al del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y éste después solicitarlo al Ministerio. Son varios los filtros a superar hasta llegar a Justicia, pero «si el CGPJ nos hace una propuesta y vemos que las necesidades de Miranda son fundamentales, nosotros, sin duda alguna, lo vamos a aceptar; porque nuestra autorización vendría avalada por todos los organismos anteriores», explicó el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; que aseguraba que «nunca hemos tenido con anterioridad la posibilidad de hacer ese tercer juzgado de Miranda ni de valorarlo».
De ahí que animara a incluir la petición en el listado de necesidades que ya han solicitado «a las comunidades autónomas con competencias y también a las que no, para que nos vayan mandando sus propuestas», apuntó.
Pero las necesidades del sistema judicial en Miranda no sólo las ha puesto de manifiesto el TSJ de Castilla y León en reiteradas ocasiones, también los abogados han denunciado muchas veces ante organismos cualificados demoras en los procedimientos y retrasos de hasta varios años en algunas tramitaciones.
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Situaciones de las que Rodríguez aseguró ser consciente porque se trata de un problema generalizado, al que confían en dar una solución según se vayan implantando normas en tramitación. Hasta 3: la ley de eficiencia organizativa, la de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.
«Son las que entendemos que van a hacer que los retrasos que se han producido durante años, puedan mejorarse. Es verdad que la Justicia, es como un agujero negro, donde por muchos recursos que pongas se los come todos, pero esperamos que estas tres leyes consigan mejorar la imagen de la justicia retrasada», avanzó el secretario de Estado; al tiempo que apelaba al consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso y en el Senado para que tramitemos las leyes, sean aprobadas y consigamos modernizar la justicia».
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Pero en Miranda, los retrasos y demoras también tienen un componente 'específico' reconocido por la mayoría de los abogados que desempeñan su actividad en Miranda: la movilidad y la interinidad del personal del juzgado; aspecto que dificulta dar agilidad a casos que cada poco tiempo recaen en responsables diferentes.
Si bien, Rodríguez, pese a reconocer la existencias de plaza de difícil cobertura en un país cada vez más complejo; aseguró no tener constancia de «ninguna petición de refuerzos para Miranda, ni a través de los propios sindicatos ni de la propia secretaría de Gobierno. Si nos enviaran una solicitud de esos refuerzos, la valoraríamos».
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Por el contrario, sí aseguran ser muy conscientes en el Ministerio de las carencias que presentan las instalaciones de los juzgados mirandeses. Un edificio que está pendiente de la inversión de un millón de euros procedentes de fondos europeos para la mejora de la eficiencia energética -incluyendo cambios de ventanas, mejoras en la fachada y la incorporación de placas solares-; pero que también está necesitado de solucionar problemas de accesibilidad.
De hecho, Rodríguez avanzó que ya están trabajando para intentar habilitar este año una partida presupuestaria dentro de su Ministerio para poder poner en marcha un medio técnico, posiblemente un ascensor, que permita salvar as barreras arquitectónicas. «Vamos a hacer el encargo de ese proyecto», zanjó.
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La provincia va a acoger dos de los diez proyectos piloto de Oficina de Justicia en los municipios (OJM) que el Ministerio del ramo va a poner en marcha en toda España como fórmula para acercar los servicios de Justicia a la ciudadanía.
Una va estar en Fuentespina, de menos de 800 vecinos, y la otra en Medina de Pomar, una localidad grande, con más de 5.000 habitantes, y con mucha población flotante en verano. Características que se han tenido en cuenta a la hora de poner en marcha una iniciativa que busca ser «una puerta abierta a los servicios de Justicia para quienes residen o trabajan en el municipio», tal y como destacó Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de ese departamento y encargado ayer de presentar el proyecto en esa localidad.
La idea, según se recoge en la Ley de Eficiencia Organizativa, que ya está en el Congreso de los Diputados, es que allí donde ahora existe un juzgado de Paz (hay 7.700 en España), pase a crearse una OJM para ampliar el número de funciones y trámites que en esos municipios se van a poder realizar sin necesidad de desplazarse. Y también sin que sea un gasto para los ayuntamientos, más allá de ceder un espacio para instalar los medios informáticos y telemáticos que sean necesarios. No va a requerir de grandes inversiones y los servicios que se van a prestar van a ser gratuitos.
Quienes acudan a la oficina de Medina van a poder hacer por videoconferencia cualquier declaración o juicio, conectar con el registro civil para pedir certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad, con los colegios profesionales, con centros penitenciarios... «Se va a poder realizar cualquier tipo de actuación que se podía hacer en un juzgado de Burgos, por ejemplo», explicó Rodríguez, convencido de que el modelo «va a servir para la cohesión social, territorial y digital que la comarca y la provincia necesita», concluyó.
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