Inspección de Trabajo analizará los problemas de seguridad del Consistorio

La denuncia sindical llega con motivo de diversos incidentes violentos acontecidos recientemente en el marco de las dependencias municipales, tales como el Servicio de Atención Ciudadana (SAC), dónde se registró una agresión el pasado mes de julio; el Polideportivo de Anduva, en el que 17 trabajadores firmaron un escrito en mayo trasladando su sentimiento de desprotección ante las amenazas, insultos y agresiones; o Servicios Sociales, que también cuenta con un historial de quejas en materia de prevención de riesgos.

«Lo primero que demandamos es que se cumpla la ley de Prevención de Riesgos Laborales en el Ayuntamiento. En base a ella, obvio, nuestra seguridad debe estar garantizada. Por tanto, demandamos un agente de policía o guardia de seguridad en los 3 sitios más conflictivos: SAC, Servicios Sociales y Polideportivo de Anduva. Por experiencia, sabemos que la mera presencia de un uniforme disuade», aseguran los delegados sindicales de CSIF.

Pese a que la denuncia ha sido registrada ante Trabajo por un único sindicato, el escrito también recoge una correlación de denuncias y quejas presentadas, desde el año 2021, «por trabajadores a título individual, delegados de prevención, y otros sindicatos. Aquí no hay controversia, todos opinamos lo mismo».

La ley de Prevención de Riesgos Laborales incluye también aquellos de perfil psicosocial, por lo que obliga a realizar una evaluación de dichos riesgos y que se revalúen siempre que las circunstancias cambien, como puede ser el caso de una pandemia sanitaria; una mayor presión asistencial o sufrir una agresión como la que tuvo lugar en el SAC el mes pasado.

«Éste es el motivo de que preguntemos si nuestras denuncias se trasladan, como debe ser, a la empresa de prevención de riesgos laborales. Creemos que caen en el vacío, porque no obtienen respuesta», lamentan desde el CSIF, entendiendo que el equipo de Gobierno se ha negado, incluso, a realizar una campaña de sensibilización «que dejase bien claro que no se acepta la violencia» después de la agresión del SAC.

Por último, la agrupación sindical también ha reclamado reiteradamente la elaboración de un protocolo contra la violencia psicosocial, existente en otras administraciones. «Si todo esto ocurre en una empresa privada, la Inspección de Trabajo la cruje. Cuando se trata de administraciones, la resolución suele consistir en un apercibimiento», avanzan los delegados.