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Raúl canales
Jueves, 17 de marzo 2022, 00:01
El sindicato CSIF ha decidido pedir amparo al Procurador del Común ante el «ninguneo, indefensión y desprotección» que aseguran sufrir los trabajadores municipales. En los últimos tiempos ha presentado varias denuncias relacionadas con la salud laboral que no han encontrado respuesta por parte del Ayuntamiento, ... motivo por el que están decididos a elevar sus quejas a otras instancias. De hecho, también han solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en Burgos porque «no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos el caos en el que está sumido el Ayuntamiento».
Según el CSIF, desde que el PSOE logró mayoría absoluta existe una «desidia total» en la vigilancia de la salud de los empleados. Su denuncia apunta directamente a la inexistencia de un plan de prevención desde que a finales del año pasado venciese la prórroga forzosa del anterior, y el presupuesto de este ejercicio no una partida para implementar uno nuevo. Tampoco hay plan de Igualdad «mientras que el Ayuntamiento se lo exige a las empresas que contrata» y los datos salariales por sexo proporcionados a la comisión negociadora «contienen errores y omisiones de bulto que imposibilitan realizar un diagnóstico real y proponer medidas correctoras».
Además, se pone de relieve que solo siete de los 21 edificios públicos cuentan con planes de evacuación y que los trabajadores han estado dos años sin pasar las revisiones médicas obligatorias, y ahora que se han comenzado a realizar, «se han reducido a la mínima expresión». Como ejemplo citan que a los bomberos ni siquiera se les realiza una espirometría.
Las reivindicaciones del CSIF van más allá al afirmar que el equipo de gobierno desatiende la obligación de evaluar los riesgos psicosociales de la plantilla como requirió la Inspección de Trabajo tras los incidentes violentos ocurridos contra empleadas del Servicio de Atención Ciudadana. «El mal funcionamiento de la administración local no solo ocasiona descontento entre los empleados públicos sino irritación en la ciudadanía. La respuesta de la concejala de Personal ante las agresiones fue que 'les va en el sueldo'».
Así mismo, el CSIF afirma que dentro del Ayuntamiento se producen casos de mobbing o acoso laboral, y que no se facilita a los policías el equipamiento y vestuario requerido. «Por ejemplo los chalecos antibalas están próximos a caducar y el armero no cumple las condiciones», aseguran.
Al cúmulo de incumplimientos en materia de salud laboral se suma «un déficit crónico de personal que repercute en una sobrecarga de trabajo y en un peor servicio». Especialmente «sangrante» en cuanto a la interinidad es el departamento de Servicios Sociales, ya que «la mitad de los trabajadores está en precario».
Para el CSIF, es evidente que el Ayuntamiento «prefiere pagar horas extras que crear empleo estable y de calidad. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) está desactualizada y obsoleta», remarcan.
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