El PP cree que no se priorizará a trabajadores mirandeses en el desmantelamiento de Garoña

Como explica al senador y exalcalde de Burgos, Javier Lacalle, será el miércoles cuando se vote en el Senado la enmienda que los populares presentaron la pasada semana para su inclusión en el texto legislativo, que a principios de mes aprobó el Congreso de los Diputados y ahora espera refrendo en la Cámara Alta. «Tenemos esperanza porque queda la votación de la Ley en el Senado y, si se acepta alguna de las enmiendas presentadas (hay tres de los socialistas, por lo que parece que así será), volverá al Congreso para su aprobación definitiva y ahí deberían ser nuevamente valoradas posibles enmiendas», dice. Pero pese a esa esperanza, el «optimismo» no es tal. «La Ley de Transición Energética ha estado diez meses en la Cámara Baja y va a estar apenas 20 días en el Senado. Parece que la intención de los partidos del Gobierno es la de no consensuar nada», lamenta.

La ley de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra en su fase final de aprobación tras haber recibido el visto bueno del Congreso y los populares creen que podría entrar en vigor este mismo mes de mayo, por lo que aprobar la enmienda popular sería un paso adelante muy importante de cara a la consolidación del empleo en la zona de referencia de Garoña, cuya central comenzará a desmantelarse en breve tras anunciarse en 2012 su cierre y ser desconectada de la red eléctrica en 2013.

Los senadores populares por Burgos, el propio Lacalle y Cristina Ayala, anunciaron la pasada semana, antes de una jornada de reuniones en el entorno de la central nuclear, la presentación de una disposición especial para incluir un nuevo artículo en la ley que permita priorizar la contratación de personal y empresas del entorno de Garoña, en el Valle de Tobalina, y con una nutrido grupo de trabajadores que se desplaza a diario desde Miranda.

Puede parecer una cuestión de lógica el elegir personal y empresariado de la zona para acometer los diferentes trabajos de desmantelamiento de esta planta, pero el hecho de que Enresa, la empresa encargada de las tareas durante los próximos «diez o doce años», sea pública lo hace imposible salvo que se apruebe el «paraguas legal» que lo ampare. De no ser así, la empresa está obligada a llevar las contrataciones y adjudicaciones de diferentes trabajos a un concurso público al que pueden acceder personas de toda España, no solo de Miranda, Las Merindades y su entorno.

La enmienda popular debía haberse analizado en la sesión que se celebró ayer de la Comisión de Transición Ecológica del Senado, pero finalmente no fue así y el texto de los populares pasará a ser votado el miércoles, según marca la planificación de los próximos días en la Cámara Alta. Este hecho, como la circunstancia de que la tramitación de la ley se está realizando mediante procedimiento de urgencia, hacen albergar pocas esperanzas a los populares. «El portavoz de los socialistas en el Senado, Ander Gil, es y vive en Villasana de Mena. Esperamos que tenga conciencia de lo importante que esta enmienda es para su comarca», añade Lacalle.

La disposición adicional, que sería la undécima bis, permitiría a Enresa tener un «instrumento jurídico» para priorizar la contratación de trabajadores locales. En estos momentos en la central nuclear operan 236 empleados, 106 directos contratados por Nuclenor (compañía participada al 50 por ciento por Iberdrola y Endesa) y 130 a través de subcontratas, que verán su puesto peligrar cuando la gestión de la planta pase a manos de Enresa (pública) para el desmantelamiento definitivo.