Comienzan a «prescribir» las multas impuestas en verano por Policía Local de Miranda

Según explican fuentes policiales a ELCORREO, la Relación de Puestos de Trabajo de la plantilla municipal es clara y meridiana, no deja lugar a dudas, con lo que la responsabilidad de que no se estén tramitando las multas y estas puedan quedar sin efecto recae totalmente sobre la Corporación.

«En Policía Local tiene que haber un administrativo y un auxiliar de administración, pero la primera plaza quedó vacante hace meses y ubicaron a la auxiliar administrativa a hacer las labores del técnico administrativo», explican.

En esta línea, la auxiliar posteriormente volvió a su puesto original «tras alguna discrepancia con el equipo de Gobierno, y fue entonces cuando se negó a realizar las labores propias del administrativo, entre las que está la tramitación de las multas».

Entonces, ante las dificultades que podía acarrear la vacante, el equipo de Gobierno movilizó a otra profesional , de otro servicio municipal, para que ocupase este puesto, «pero sólo duró un mes en Policía Local porque la volvieron a trasladar de departamento y, en julio, el servicio se volvió a quedar con este puesto de administrativo vacante».

Así las cosas, según ha podido confirmar ELCORREO, desde julio no se están tramitando las infracciones graves sancionadas en Miranda. Y es más, añaden, «tanto las infracciones leves como las graves y las muy graves prescriben pasado un tiempo, pero en el caso de las infracciones graves lo hacen al pasar seis meses sin que se tramiten, por lo que las correspondientes a julio y agosto se están quedando sin efecto», alertan.

Entre las infracciones catalogadas como graves se encuentran el estacionamiento de un vehículo en doble fila o en un vado, estacionar sobre la acera; y otras muchas relacionadas con el tráfico. Aunque no ha trascendido el volumen de denuncias que está prescribiendo a día de hoy ni el monto económico que el Consistorio dejaría de ingresar por este concepto, desde el ente policial advierten que esta situación podría acabar derivando en un delito de prevaricación administrativa por parte del Ayuntamiento.

Para ponerlo en contexto, el delito de prevaricación administrativa se construye sobre la base del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico que debe de regir la función pública y no transgredir la confianza que los ciudadanos han depositado en sus instituciones. La acción puede abordarse desde una doble perspectiva: bien de acción -dictando una resolución manifiestamente injusta- o bien de omisión -en los trámites más esenciales del procedimiento o en el contenido de la resolución.

El problema actual se encuadraría en la segunda acepción, originando una situación injusta entre la ciudadanía. Por parte de Jefatura de Policía Local, ya hace meses que se reclamó la cobertura de la plaza vacante.