El Ayuntamiento tiene pendiente de cobrar más de 13 millones en recibos ya caducados

Aunque el porcentaje de deudores se ha reducido el último año respecto a otros ejercicios, la administración local acumula una importante suma de derechos reconocidos que no ha podido ejecutar. Según la normativa, muchos caducan a los cuatro años, así que las arcas públicas dejarán de percibir una cantidad cercana a los 13 millones de euros. Hasta el 2010 tenía pendiente de cobrar 3,6 millones pero a pesar de los intentos por ponerse al día, solo ha podido recaudar 612 euros, una cifra ridícula en comparación con el importe total.

Del tramo comprendido entre 2011 y 2018 el último año se ha podido recaudar por operaciones corrientes algo más de 223.000 euros pero quedan 9,4 millones en el aire, muchos de los cuales están a punto de prescribir salvo que se haya interrumpido el plazo. En los últimos tres ejercicios la cifra, en vez de reducirse, se ha incrementado al haberse podido cobrar solo 2,5 de los 8 millones pendientes. Sin embargo, en este caso aún es posible reclamar la deuda porque sigue vigente.

Tampoco está al día con sus proveedores el Ayuntamiento, que tiene más de 6,7 millones de obligaciones pendientes de pago, tanto presupuestarias como no incluidas en los presupuestos. En este sentido, se ha incrementado el porcentaje respecto a otros ejercicios, un dato sobre el que llama la atención el interventor al advertir que «es imprescindible que los proveedores de servicios y suministros nunca pierdan la confianza en la capacidad económica del Ayuntamiento porque no se atiendan los pagos en los plazos legales».

En opinión del técnico municipal, las consecuencias de retrasarse en los pagos van desde que solo liciten empresas que tienen una tesorería muy saneada, limitando la capacidad de la administración local para elegir entre varias propuestas, y que las ofertas sean superiores a las que recibiría el Ayuntamiento si siguiera los cauces normales de financiación.

La legislación establece que el plazo para pagar es de 30 días, y que superado ese período las administraciones deben abonar también los intereses fijados por el Banco Central Europeo, pero «si no se paga en tiempo y forma puede llegar el momento en que los licitadores, aunque sepan que se les va a cubrir los intereses, no les resulte rentable contratar con el Ayuntamiento por la distorsión de tesorería que se les puede ocasionar».