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Toni Caballero
Miranda de Ebro
Jueves, 30 de enero 2025, 23:15
La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Miranda tratará hoy la implementación del plan para la igualdad laboral y contra el acoso y la violencia de las personas del colectivo LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales); una medida impulsada por el Gobierno, a través ... de Real Decreto, que deberá ser asumida por todas las empresas de más de 50 personas antes del 10 de abril del presente año.
Gracias a este anexo al acuerdo colectivo y acuerdo regulador de los funcionarios, el Consistorio apoyará la diversidad y la erradicación de la discriminación de las personas LGTBI, por su orientación e identidad sexual, su expresión de género y sus características sexuales.
«Es importante que el acuerdo colectivo que recoge a todos los trabajadores municipales incluya una realidad como es la existencia de trabajadores LGTBI. Por ello, el 6 de febrero, en el próximo Pleno, se manifestará una vez el compromiso del Ayuntamiento en contra de la discriminación», exponía Pablo Gómez, concejal de Personal.
Con este anexo, el ente municipal se compromete a garantizar «un adecuado proceso de selección, contratación, clasificación, promoción profesional y ascensos que prioriza la formación o idoneidad de la persona para el puesto de trabajo, independientemente de su orientación e identidad sexual o su expresión de género, con especial atención a las personas trans como colectivo especialmente vulnerable».
En el tercer punto, el plan recoge la obligación del ente municipal de condenar cualquier tipo de comportamientos LGTBIfóbicos y «se dota de un protocolo frente al acoso y la violencia en el trabajo».
Por último, el plan también asegurará el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género, así como el disfrute en condiciones de igualdad de los permisos para la asistencia a consultas médicas o trámites legales, con especial atención a las personas trans.
Por su parte, el anexo II del Real Decreto aprobado en octubre del pasado año contempla el contenido de los protocolos de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI. Los mismos deben determinar el procedimiento para la presentación de la denuncia o queja, así como el plazo máximo para su resolución.
La obligación de implementar un protocolo podrá entenderse cumplida cuando el Ayuntamiento cuente con un protocolo general frente al acoso y violencia que prevea medidas para las personas LGTBI. Por ende, el convenio deberá incluir como sanciones «muy graves» los ataques a la libertad sexual de los trabajadores, y la Inspección de Trabajo estará dotada para vigilar el cumplimiento y sancionar en los casos pertinentes. Hoy, Miranda da otro paso más hacia la igualdad.
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